Todo empezó con una estera y cuatro guaduas sembradas en los cerros tutelares o en las zonas anegables del Oriente. Hoy, basta con alzar la mirada para darse cuenta cómo creció Cali: “A punta de invasiones”, tal como reza esa frase acuñada a lo largo de 70 años.

Y es que actualmente en la capital del Valle viven, aproximadamente, 500.000 personas en asentamientos humanos de desarrollo incompleto, comúnmente conocidos como invasiones. Así lo reveló la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en el documento ‘Vivir en Cali, un asunto de política pública’, el cual fue presentado a los candidatos a la Alcaldía.

Una cifra crítica, si se tiene en cuenta que en la ciudad se estima viven 2 millones de personas. En otras palabras, uno de cada cuatro caleños habita en uno de estos cinturones irregulares que se han edificado a lo largo de décadas.

El documento también expone otros datos preocupantes, como que 2000 hectáreas actualmente están invadidas, de las cuales el 39 % están en zona de riesgo. Asimismo, que en la ciudad hay un total de 221 asentamientos irregulares, una cifra diciente si se tiene en cuenta que la capital del Valle tiene 334 barrios legalmente constituidos.

Asimismo da a conocer un mapa que ilustra cómo en los próximos diez años estos cinturones irregulares se extenderían 1,5 kilómetros a la redonda de Cali, en especial en la ladera, el Oriente y la zona de expansión de la ciudad, si no se toman los correctivos necesarios.

“La invasiones vienen siendo un atractivo en Cali desde los años 50 del siglo pasado, ya son varias las generaciones que viven allí. Primero fueron los desplazados del Eje Cafetero por la violencia, y en ese momento la solución del Gobierno para esas invasiones era el tugurio, hasta que en 1994 se emitió una ley que condenaba a los urbanizadores piratas”, explica Víctor Martínez, director de Corpocerros.

*Rafael Mendoza, morador de La Fortuna -sector aledaño a la vía al Mar-, explica que el asentamiento en el que hoy habita -que actualmente cuenta con vías pavimentadas y servicios públicos-, se empezó a poblar en el año 1985.

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“Mire allá en la loma, arribita de la última casa hay un choza, así va llegando la gente, de a poquito, esperan a que pasen los incendios y después aparecen. Antes llegaban grupos grandes de 30, 40, 70 personas a lotear, los traían los terreros -urbanizadores piratas- pero en los últimos años ya han encarcelado a varias personas y por eso ahora llegan con disimulo. Primero se pone un rancho con polisombra; cuando se puede, se extiende un cable de energía y después con mangueras se va viendo de dónde se trae el agua, puede ser una quebrada o una casa vecina que ya tenga; después se echa piso de cemento. Poco a poco se va haciendo pieza por pieza”, dice el hombre, quien da su testimonio desde el Ecoparque de la Vida (o parque de los diputados) señalando cómo va creciendo el asentamiento informal.

Para frenar este problema y ante los intentos de invasión, en 2018 la Alcaldía de Cali creó la Unidad de Reacción para el Control de Invasiones.

Tan solo en un año de operación, esta Unidad retiró a 3449 ocupantes de zonas de protección ambiental, denunció a 121 personas, desmontó 922 cambuches e incautó 157 armas blancas en los operativos. En total se restituyeron 1.443.872 metros cuadrados de predios del Municipio. Esto, con corte al 31 de agosto y solo en un año de operación del grupo, datos que son evidencia de la voracidad de los invasores.

Darío Fernando Daza, subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali, sostiene que la capital del Valle es una de las ciudades del país con mayores índices de ocupación de sus zonas de protección.

“Lastimosamente, en Cali viven organizaciones dedicadas a promover la invasión de los predios del Municipio. A eso le sumamos que muchos propietarios tienen abandonados sus predios, lo cual genera un caldo de cultivo para que estas organizaciones entren a promover estas situaciones irregulares”, dice.

Según Daza, una vez estos asentamientos se desarrollan y toman fuerza, se generan condiciones de inseguridad para toda la ciudad. “Promueven la llegada de organizaciones delincuenciales que buscan el dominio territorial para establecer negocios como el microtráfico o la extorsión al transporte. Así se han ido promoviendo estos asentamientos y esa es la costumbre que se afincó”.

El funcionario agrega que ante esta situación, y a partir de una asesoria jurídica, se logró mediante la gestión del Comité, judicializar a 72 personas, 43 están en proceso investigativo y 6 personas sentenciadas, para un total de 121 personas denunciadas.

“En el año que pasó se hicieron 635 operativos para evitar invasiones e, históricamente, hemos logrado las primeras condenas contra invasores del país”, comenta Daza, quien agrega que actualmente se está diseñando una estrategia para tener un mapa de riesgo donde se identifican las zonas vulnerables a las invasiones, esto cruzando información con la operatividad de bandas delicuenciales.

Desde algunos sectores se ha cuestionado que el proceso de titulación de predios que viene realizando la Alcaldía de Cali, desde hace varias administraciones, se ha convertido en una manera de legitimar estos predios.

Ante este interrogante el alcalde de Cali, Maurice Armitage, enfatiza que estos procesos de titulación de predios se están haciendo con todo el respaldo jurídico. “Los que no tengan respaldo jurídico no los hacemos. En ningún momento estamos fomentando las invasiones, todo lo contrario, estamos dando la titulación a los caleños que tienen mérito para acceder a ellos”.

De no ponerle freno a esta situación, la proyección de la Cali del 2030 muestra una ciudad hinchada, casi a reventar, “a golpe de invasiones”.

¿Cuáles son las soluciones?

Alexandra Cañas, directora ejecutiva de Camacol, señaló que para poner freno a este fenómeno se debe hacer una planificación urbana más creativa.

“Hay que poner en marcha la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. La Ley 388 de 1997 establece que los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los Planes de Ordenamiento Territorial como de conservación histórica, ambiental o arquitectónica deben ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento. Así, dentro de este reparto equitativo de cargas y beneficios con el sector privado se logra que ese suelo se convierta en el más valioso de la ciudad, que el propietario reciba recursos para su mantenimiento y vigilancia y no sea invadido. Esta figura no la hemos desarrollado en Cali, pero en ciudades como Curitiba es ampliamente utilizada”, precisa.

La ejecutiva agregó que se debe perder el miedo a edificar en estas zonas y terrenos.