Las razones por las que sigue enredado el proyecto de La Sagrada Familia

Pese a las cartas que el último día de diciembre del 2021 recibieron los 45 inversionistas del proyecto de la Sagrada Familia pidiéndoles ponerse al día en los pagos porque la construcción está lista para reiniciarse, la situación legal del proyecto está más cruda que la obra misma.

En una carta anterior les aseguraron que “con el cambio de la administración y la salida de exfuncionarios que generaron la presión indebida al proyecto… El escenario es totalmente alentador” y que la primera etapa entraba en operación a fines del 2021.

Esta vez señala que “actualmente el proyecto LSF (La Sagrada Familia) no tiene ningún proceso jurídico en contra”, excepto las demandas interpuesta a través del abogado Hernando Morales contra la anterior administración por los perjuicios causados e invita a los compradores “a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria” y acordar en los primeros días del 2022 planes de pago para concluir la obra.

No obstante el curador Urbano Uno de Cali, Darío López Maya, indica que para el proyecto de la Sagrada Familia “No hay” licencia urbanística, “esas licencias están vencidas”.

“A ellos se les expidió una licencia de construcción y construyeron más de lo que se les autorizó; en eso radica todo el inconveniente porque pensaron que después eso lo iban a legalizar y se chocaron con un muro porque el Municipio no les dio concepto favorable”, explica el curador.

Aun así el abogado que representa la firma promotora Jero S.A.S, Hernando Morales, insiste en que “hay un tema de financiación y de inversionistas, pero en este momento el proyecto tiene todos los permisos y está pendiente de poderse ejecutar”. “El curador, que lo tenemos denunciado, no tiene ni idea de lo que es un silencio administrativo positivo, dejó vencer los términos y está siendo investigado por eso”.

“Claro que tenemos los permisos y tenemos el silencio administrativo por la negligencia de él y de la administración que dejaron vencer los términos; no contestaron en debida forma y eso favorece a los ciudadanos. Lo que te quiero decir es que la obra tiene permisos y eso está solucionado y no se discute. El que no lo comparta tendrá que demandarlo ante un juez de la República y nadie lo ha demandado. A la fecha los permisos están vigentes”, persiste el abogado Morales.

Locales comerciales: La licencia autorizó 22, pero proyectaron 58.

Parqueaderos: Se realizarían 113, pero hay 120 más 24 para motos.

Habitaciones de hotel: Eran 68 pero el constructor las redujo a 65.

Gimnasio: Se cambió por un restaurante.

Salones de eventos: Se suprimieron para dar paso a 4 salas de cine.

Bolera: se eliminó para construir once islas comerciales nuevas.

La primera licencia urbanística para ampliación y demolición parcial en el edificio del anterior colegio La Sagrada Familia, considerado un Bien de Interés Cultural (BIC), la otorgó la Curaduría Urbana Uno en el 2013 para 18.207 metros cuadrados, pero en el 2018, y sin autorización, la obra ya iba por 21.594 metros cuadrados.

El Hotel Sagrada Familia pasó de ser hotel para convertirse en un 70% en centro comercial. En los 3.386,99 metros cuadrados adicionados por fuera de los permisos podrían construirse el equivalente a 60 viviendas de interés social de 56 metros cuadrados cada una. (Ver gráfico anexo)
Todo el mundo cuando empieza una remodelación dice ‘ya que estamos haciendo esto, hagamos esto y hagamos esto otro’. Todo proceso constructivo nunca es como se planea y te lo digo por experiencia.

Cuando arranca el proceso se hicieron las modificaciones y se aprobaron por Planeación, sino que llegaron María de las Mercedes Romero y el señor Cárdenas de Planeación que había dado los vistos buenos de las modificaciones y en una actitud oscura, no en derecho, decidieron no darle trámite a lo que se había solicitado y que ya estaba aprobado por el municipio”, reitera Morales.

Una fuente cercana a Planeación asegura que la resolución firmada en el gobierno anterior jamás detuvo la obra sino que alertó que no permitiría construcciones por fuera de la licencia. “Tan es así que el curador les extendió el plazo para que siguieran adelante con lo aprobado y les cumplieran a los inversionistas, pero ellos pararon todo.

“Se hicieron mesas de conciliación en la Procuraduría y en la Personería y se les dijo siempre que era fácil, ‘si tienen una licencia para construir cinco pisos, hagan los cinco pisos, desmonten los tres de más y las áreas adicionales, solo dijeron que con ellos era todo o nada”, revela la fuente.

Conoció El País que posteriormente, y pese a que se les sugirió asesorarse de profesores de facultades de arquitectura expertos en Bienes de Interés Cultural (BIC), presentaron lo que parecía ser un nuevo proyecto, pero fue exactamente igual al que les negaron.

Después de once tutelas y una de manda disciplinaria, falladas todas en contra de las pretensiones del constructor, el caso de la Sagrada Familia tiene ahora como árbitros a la Fiscalía, donde llegó una noticia criminal por presunta estafa, el Consejo de Arquitectos y el Consejo Profesional de Ingeniería (Copnia), que controla y vigila el ejercicio de la ingeniería y las profesiones afines en el país.

Quien está al frente en el primer caso es el abogado Wilson Gallego Fiallo, representante de algunos de los inversionistas afectados por el detenimiento de las obras hace cinco años. “En este momento lo que existe es un Spoa o lo que se denomina una noticia criminal en la Fiscalía 77 local”.

“El proceso se encuentra en indagación preliminar, recolectando los elementos materiales probatorios para la correspondiente acción de formulación de imputación por el delito de estafa agravada, pero que también puede llegar a configurarse otros tipos penales porque se vendieron locales que sabían que estaban por fuera de la licencia”, explica Gallego Fiallo.

A su turno el apoderado legal de la promotora Jero S.A.S, Hernando Morales, dice que “no hay proceso penal” contra su cliente. “Hay una denuncia y recuerde que jurídicamente un proceso nace cuando se hace una imputación y hasta hoy no se ha hecho.

“En ese proceso no han imputado. Y creo que el caso va para archivo porque es un absurdo lo que denunciaron ahí. Como tal no hay proceso porque el proceso penal existe desde que hay imputación de cargos”, dice Morales.

Contrario a su consideración, el abogado Gallego Fiallo considera que lo importante de la indagación preliminar es que la Fiscalía establezca cuál fue la cantidad de dinero que recolectó la firma Jero S.A.S “utilizando como trampolín una fiducia, que también debería estar en el ojo del huracán, cómo hicieron para sacar el dinero y cuánto invirtieron en la obra; eso debe quedar claro en las pruebas periciales”.

Frente a los consejos que rigen el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura se pidió investigar porque toda obra, pública o privada, debe llevar la firma de los arquitectos y en el caso de la Sagrada Familia siempre firma el representante legal de Jero S.A.S, Jorge Leonardo Jerónimo Jiménez o el abogado Hernando Morales.

“Un arquitecto puede perder su licencia si viola las normas que rigen un bien de interés cultura. Seguramente en este caso nadie quiere arriesgar su título profesional”, explica bajo anonimato un funcionario del Copnia que no tiene permiso para pronunciarse.

Aunque desde la Administración Municipal han insistido desde el 2016 que la solución para destrabar el proyecto Hotel Sagrada Familia y no generar más afectación a 45 inversionistas es que el constructor se apegue a lo autorizado, el abogado Hernando Morales explica que presentaron una propuesta de modificación que no tuvo respuesta porque no había argumentos jurídicos para negarla y se protocolizó el silencio administrativo positivo.

“El proyecto no ha vulnerado nada por tres motivos: porque el POT no fija un tema de altura en el sector del Peñón, porque el Municipio nunca ha hecho un Plan de Manejo Especial del patrimonio que pueda determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y por un principio de neutralidad, porque Jero S.A.S tiene cinco pesos y sube tres metros y es ilegal, y al lado hay edificios de ocho pisos y doce pisos”, reitera el abogado Morales.

Pero por parte de quienes aseguran que no han hecho otra cosa que hacer cumplir las normas desde la Administración anterior, tienen también la claridad de actuaron con apego a la ley, como lo ratificó la Procuraduría en un fallo que absolvió a María de las Mercedes Romero y Luz Adriana Betacourt porque la norma fue bien interpretada.

Esa resolución fue estudiada por el Ministerio de Cultura, funcionarios de Planeación, el Cidse de la Universidad del Valle, el Consejo de patrimonio y gremios de arquitectos que consideraron ilegal lo que se hizo en la Sagrada Familia por fuera de los permisos.

La versión entregada por uno de los inversionistas asegura que el proyecto tal como fue aprobado no alcanzaría punto de equilibrio y que la apuesta del constructor es la demanda millonaria contra el Municipio. “Porque si ganan, salvan el proyecto, lo acaban de construir y les queda ganancias”.

La promotora Jero S.A.S está en proceso de reorganización acogido por la Superintendencia de Sociedades desde el 2021. El mismo Leonardo Jerónimo Jiménez se postuló para ser promotor, lo que generó el rechazo de varios de los inversionistas.

Varios de los consultados insiste en que la actual Administración debe entregar al magistrado Óscar Valero, del Tribunal Contencioso Administrativo, el fallo de Procuraduría porque el Municipio no debería perder la demanda.