En uno de los casos más recientes, un hombre, de aproximadamente 35 años, fue interceptado por un grupo de ciudadanos que aparentemente lo habrían visto robando artículos de una droguería en el barrio El Limonar, en el sur de Cali. Después de que la comunidad agrediera al supuesto delincuente que portaba uniformes falsos de la Policía, los oficiales del cuadrante hicieron presencia en el lugar y lo capturaron.

La Policía Metropolitana de Cali afirmó que el presunto asaltante tenía lesiones graves en todo su cuerpo debido a los golpes sufridos. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente y debe responder por los delitos de hurto y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Casos como estos se repiten semanalmente en las calles de Cali, por ejemplo, en otro vídeo publicado el viernes pasado se puede ver cómo durante aproximadamente dos minutos, en el barrio Siloé, fueron capturados tres sujetos por parte de la ciudadanía quienes les propinaron patadas, puños y hasta pedradas. Fue solo hasta cuando llegó una patrulla de la Policía que la golpiza terminó y los atracadores fueron trasladados a una estación.

De acuerdo a la encuesta publicada por el Dane, Cali se presenta como la quinta ciudad con la tasa más alta de percepción de inseguridad.

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De acuerdo con el Boletín de Seguridad Cali Cómo Vamos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021 se han presentado 14.325 denuncias de hurtos a personas en la ciudad, cifra 35,2 % superior a las denuncias reportadas en el mismo periodo de 2020.
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‘Paloterapia’ y linchamiento son algunos de los adjetivos utilizados para referirse a la justicia por mano propia, que no es más que castigar un delito con otro delito, el cual se está volviendo común en la ciudad.

“Hay que reconocer que la llamada justicia por mano propia está asociada a la inconformidad o baja confianza de la ciudadanía con la administración de justicia y su forma de manejar las situaciones de inseguridad o violencia”, puntualizó Juan David Castillo, abogado penalista y defensor público.

La afirmación de Castillo concuerda con la más reciente Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, publicada por el Dane, en la que Cali se presenta como la quinta ciudad con la tasa más alta de percepción de inseguridad en el país con 68.45 %, seguida de Bucaramanga con 64.6 %.

A esto se le suma la baja confianza en la justicia, ya que de acuerdo a el último estudio (2018-2019) de la institución Proyecto de Opinión Pública de América Latina, únicamente el 32,6 % de los encuestados siente que el sistema judicial castigaría al culpable de cometer un robo.

A pesar de esto, algunos siguen justificando la violencia, haciendo una interpretación extrema de lo que el Código Penal Colombiano señala como legítima defensa, que excluye la responsabilidad penal a quien se defiende de un ataque con ciertos parámetros importantes de resaltar.

“El derecho a la legítima defensa se entiende cuando una persona obra en defensa propia para defender su integridad física, su dignidad o sus bienes. Es un derecho que todos tenemos, si alguien nos agrede, nosotros tenemos el derecho a responder a esta agresión. Este derecho tiene una serie de factores importantes que se deben conocer, una de estas reglas plantea que la respuesta a una agresión debe ser proporcional; por ejemplo cuando a mí me están agrediendo con golpes yo no puedo responder con un arma de fuego, en este caso no se estaría haciendo uso de el derecho a la legítima defensa y caería en un delito”, explicó el Abogado Penalista y defensor Público.

“Otro de los parámetros a tener en cuenta para poder utilizar la legítima defensa es que debe ser una agresión ilegítima, es decir, una conducta antijurídica, actual o potencial que ocasione peligro de daño hacia la integridad de otra persona o que atente sobre uno de sus derechos”, comentó Castillo.

El experto también añadió que se debe tener en cuenta que la acción debe ser actual, por tanto, si ya ha sido consumada, la reacción posterior no cabe considerarla como una legítima defensa, sino como una venganza, como por ejemplo en los casos donde el agresor una vez realizada la agresión abandona el lugar del hecho y la víctima le dispara por la espalda.

Uno de los hechos más graves de justicia por mano propia ocurrió el pasado 19 de noviembre en el barrio Ciudad Córdoba, de acuerdo a las investigaciones de la Policía las víctimas serían dos personas que se movilizaban en moto y que habrían intentado robar a un comerciante que se movilizaba en su vehículo por la Avenida Ciudad de Cali, ante este hecho el acompañante del conductor reaccionó ocasionándoles heridas de bala que causaron la muerte de los presuntos delincuentes.

Es importante aclarar que esta práctica más que una solución al problema lo que hace es agravarlo, pues extralimitarse o sobrepasar la proporcionalidad en la respuesta de quien se defiende de un asalto lo expondría de inmediato “a varios delitos como tentativa de homicidio y lesiones personales. Inclusive, casos de tortura y ser condenado a prisión en establecimiento carcelario”, enfatizó Castillo.

El Abogado dijo que “en la Constitución Política de Colombia se expresa que si usted ve una persona cometiendo un delito la puede capturar sea Policía o sea un civil, pero esto también tiene algunas condiciones como en el caso de la utilización de la fuerza que debe ser moderada y sin necesidad de recurrir a actos de violencia como golpes o heridas con armas. Solo es posible retenerlo mientras llegan las autoridades competentes y, posteriormente, ellos determinarán el curso de la judicialización”.