¿Por qué la violencia contra líderes sociales no cede? Cifras son alarmantes en Cali y el Valle

Con la muerte de Javier Usechi, líder ambientalista y propietario de la posada rural Tatayamba, que servía como refugio para perros y gatos sin hogar, ocurrida en la vereda El Salado, en zona rural del municipio de El Águila, al norte del Valle del Cauca, la lista de líderes sociales asesinados sigue aumentando y el suroccidente del país continúa siendo una de las zonas en donde este tipo de violencia azota con más fuerza.

De acuerdo con cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, solamente en el Valle del Cauca han ocurrido 99 homicidios violentos de miembros de esta población desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Actualmente, el departamento es el cuarto en número de muertes de líderes, detrás del Cauca, Antioquia y Nariño.

Una de las características de esta violencia es que se incrementó de manera exponencial una vez se dio la desmovilización de las Farc. Según reportes de la organización no gubernamental Somos Defensores, en los cinco años previos a la firma del Acuerdo de Paz hubo apenas 18 crímenes, una cifra mucho menor que la que se registra hoy.

Esta tendencia no es nueva en la región. De hecho, en 2021 el total de muertes de líderes sociales en todo el país fue de 145, lo que significó una reducción del 20 % en comparación con el 2020, cuando se presentaron 182 casos, pero eso no se reflejó en el Valle, pues ocurrió lo contrario: hubo un aumento al pasar de 10 a 19 casos, es decir un 47 % más en doce meses, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo.

Los hechos reseñados desde 2016 se presentaron en 22 de los 42 municipios del departamento, siendo Cali la ciudad en donde más se concentraron con el 25 % del total de los casos, seguida de Buenaventura, Tuluá, Jamundí, Buga y El Dovio.

Los liderazgos más afectados con estos hechos son los comunales, seguidos de los líderes indígenas, después los líderes comunitarios, campesinos o agrarios, sindicales y, finalmente, servidores públicos.
Para Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, entre los hechos que agravan el problema está que no se trata de un fenómeno unificado ni homogéneo y que además no es posible encontrar un solo motivo que provoque los crímenes.

“Los asesinatos vienen de diferentes vías, por diferentes hechos, entonces hay asesinatos por denuncias de violaciones de los derechos humanos, otros por interponerse a proyectos minero - energéticos, otros han hablado del tema de fronteras invisibles dentro de las ciudades, como pasa en Cali, así que son tantas variables que habría que crear una estrategia casi que para cada uno. Otra cosa es que en Colombia no existe un censo consolidado de líderes sociales para generar un esquema de protección alrededor de ellos y, finalmente, en el gobierno anterior la política de protección de esta población fue casi que discursiva”.

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En cuanto a los presuntos responsables, Indepaz tiene en sus registros que en el primer lugar están los narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo, en segundo lugar a los grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las Farc. En tercer lugar ubican al ELN y en cuarto lugar a la Fuerza Pública, pero en el 43,33 % del total de los casos no se tiene claridad sobre quién ordenó los asesinatos.

Indepaz dice que es grave que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “en cinco años no haya dotado al Estado de la política pública para el desmantelamiento de conductas y organizaciones que atentan contra la paz. El incumplimiento de los acuerdos, por ejemplo en los temas de Reforma Rural Integral y política de drogas y sustitución de cultivos de uso ilícito, ha facilitado la recomposición de grupos armados, mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado”.

La Misión de Observación Electoral, MOE, ha identificado otro problema y es que en Colombia se ha avanzado en esquemas de protección, adaptándolos a la actualidad, pero que en general son esquemas individuales. “Si un líder es amenazado le ponen un escolta, le dan chaleco antibalas y le asignan un carro blindado, pero si hablamos en las regiones hay varias personas afectadas, pues este no es el mejor mecanismo para cuidarlos”, dice la entidad en un informe sobre violencia contra líderes sociales en Colombia.

“En la MOE vemos tres factores a tener en cuenta a la hora de incrementar y mejorar la seguridad: ¿Cuál es el territorio en donde la intimidación se lleva a cabo?, ¿cuál es el género de la víctima? Y si ¿tiene características étnicas? Es decir que se pueda determinar si tiene particularidades específicas que lo hacen vulnerable”, finaliza la entidad.