¿Quién debe responder por los reclusos que fallecieron en la cárcel de Tuluá?

Hoy se cumple una semana de la tragedia que se presentó en el Pabellón 8 de la cárcel de Tuluá, en donde 54 reclusos fallecieron y 10 permanecen en unidades de cuidados intensivos. La pregunta que ronda ahora en los familiares es: ¿Quién tiene la responsabilidad del cuidado de las personas que están privadas de la libertad?

“La responsabilidad de las personas privadas de la libertad es en principio del Estado, quien es el que tiene la guardia y custodia de los detenidos. Aunque son personas recluidas están limitadas en el ejercicio de sus derechos, algunos de los cuales son fundamentales como el derecho a la locomoción. Debido a esto el Gobierno, a través del Inpec, es el encargado de tomar las decisiones por las personas respecto en donde deben permanecer, cuál va a ser el tránsito interno en el reclusorio, los horarios y las normas de disciplina”, afirmó Mike Montaña, abogado y miembro de la Fundación Retorno a la Libertad.

Con esto coincide Hector Hernan Giraldo, director jurídico de la Fundación Retorno a la Libertad, quien enfatizó que el ente estatal es el responsable de garantizar la vida e integridad física de todos los internos de las cárceles del país.

“Con esto claro, la responsabilidad que recae en el estado es total, a través del Inpec y parte de responsabilidad a los comandantes que estaban de turno cuando ocurrió esta tragedia en la cárcel de Tuluá”, señaló Giraldo.

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Aunque hasta el momento no se cuenta con la información de las investigaciones que esclarezcan con exactitud qué y cómo pasó la tragedia en Tuluá, se sabe que algunas de las muertes se presentaron por graves quemaduras y otras, la gran mayoría, por inhalación de humo.

Frente a esto, los abogados critican la falta de control de los guardianes del Inpec cuando inició la riña que desencadenó en el incendio.

“Para controlar las riñas están las autoridades carcelarias, que son las encargadas de evitar que hechos como estos ocurran. Si se inicia una alteración en la cárcel de una o dos personas, el resto de detenidos no tienen culpa alguna y en este caso se vieron afectadas muchas personas que, tal vez no tenían nada que ver con el altercado”, manifestó Giraldo.

Por su parte, Montaña enfatizó que “es obligación del Estado tener unos planes y protocolos de contingencia para este tipo de emergencias, pues no es la primera vez que una cárcel se incendia en el mundo y tampoco en Colombia”.

Otra de las situaciones que preocupa en los derechos de los reclusos es el hacinamiento que se vive en las cárceles del país. En la cárcel de Tuluá hay una sobrepoblación del 17 % y se albergan 1200 presos. Solo en el pabellón 8, zona en donde ocurrió la conflagración, había 180 detenidos.

“Una de las causas de que se haya presentado esta situación que enlutó al país sucedió precisamente por el hacinamiento carcelario. En Colombia hemos tenido históricamente durante 20 años una política de llenar las cárceles de personas que no tienen que estar detenidos. Estoy seguro de que de esas 54 personas que murieron deben haber 20 o 25 jóvenes que los cogieron con un paquete de marihuana y los metieron presos por eso. Nadie debería en Colombia quedar privado de la libertad por llevar un pucho de marihuana, en varios países está legalizada y aquí siguen encarcelando a estos muchachos”, aseveró el abogado Mike Montaña, quien también señaló que es importante una revisión y reformulación de la política carcelaria, porque todo el sistema penal se encuentra colapsado.

Frente a las dudas de algunos familiares, de si es posible en estos momentos realizar una denuncia o investigaciones frente a las causas de muerte de los reclusos, los abogados aseguran que es el momento idóneo para comenzar con esas investigaciones que, eso sí, pueden tardar mucho tiempo.

“A las familias se les recomienda llevar a cabo todas las investigaciones posibles y no permitir que esto quede en la impunidad. El momento de hacerlo es ahora, estaría mal que los familiares se marginen a esperar resultados de las autoridades que de pronto el día de mañana no sean claros”, dijo Giraldo.

Los abogados coinciden en que aunque es un proceso largo cuando se demanda al Estado, “deben llevar los casos hasta las últimas consecuencias”. De acuerdo con Montaña, para comenzar con este trámite legal, se realizará una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para llegar a acuerdos entre las familias y el Gobierno.

“La Procuraduría es una institución obsoleta y está llamada a impedir el acceso del ciudadano corriente a la justicia. El Estado colombiano casi nunca concilia nada. De 100 solicitudes de conciliación con el estado, 99 no son conciliadas. Entonces, lamentablemente los familiares de estas personas que fallecieron en Tuluá van a quedar inmersas en ese trámite de intentar conciliar por el daño causado”, puntualizó Montaña.

De acuerdo con los penalistas, es importante que los abogados de las víctimas demuestren que el Estado no tenía planes de contingencia, además de que no se llegó a tiempo para cubrir la emergencia y tampoco contaban con el personal suficiente para el pabellón donde murieron los reclusos.

Además, afirmaron que en este proceso legal los familiares deberán recibir reparaciones económicas. “estas indemnizaciones se tasan con unas políticas de conformidad que tienen que ver con la expectativa de vida y los ingresos que estaban percibiendo los reclusos cuando fallecieron. En esto también incidirá el número de familiares que tengan y si contaban con hijos menores de edad en su núcleo familiar”, finalizó Mike Montaña.

En horas de la mañana de ayer, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, confirmó el fallecimiento de otro de los reclusos afectados por el incendio del pasado martes 28 de junio en la cárcel de Tuluá.

“En la madrugada de hoy (lunes festivo) fallece un tercer recluso de la cárcel de Tuluá que estaba hospitalizado en la Clínica de los Remedios”, puntualizó la funcionaria. Asimismo, informó que fue identificado como Jorge Andrés Rojas Corredor, de 38 años.

Sobre el actual estado de salud de los demás internos que reciben atención en centros médicos de la región, la Secretaria destacó que “diez siguen en unidades de cuidados intensivos en un estado crítico, cuatro están en la unidad de quemados y seis están en hospitalización en mejores condiciones”.

“De las 27 personas que recibimos, cuatro han sido dadas de alta y tres fallecieron”, agregó Lesmes.