Siete meses después de accidente inició cambio de ascensores en Palacio de Justicia de Cali

Con el desmonte de los antiguos ascensores, este martes se dio inicio a las obras de reemplazo de los nueve elevadores de las dos torres del Palacio de Justicia de Cali.

Como se recordará, la decisión del cambio de estas estructuras se tomó luego del accidente ocurrido en agosto del año pasado, en el que uno de los ascensores colapsó en esa edificación, incidente que dejó como saldo dos personas muertas y cuatro más heridas.

El contrato para la instalación y ejecución de las obras civiles y eléctricas para la puesta en marcha de estos equipos fue adjudicado en febrero del presente año a la empresa Otis Elevator Company por valor de $3564 millones de pesos.

“Hoy (ayer) todo el equipo de trabajo de la Otis realizó la inspección de los pozos donde se van a colocar los nuevos ascensores e inició el proceso de desmonte de los antiguos equipos. Paralelamente, también se hizo la solicitud de compra para la importación de los elevadores, que deben estar llegando para finales de junio, de acuerdo con el cronograma que ellos (Otis) han establecido” explicó Clara Inés Ramírez, directora seccional de Administración Judicial de Cali.

El contrato con dicha compañía fue suscrito por un periodo de diez meses, por lo que, según la funcionaria, se espera que las obras de instalación de las nuevas estructuras sean entregadas a finales de diciembre de este año.

“Sin embargo, tenemos problemas con el ascensor siniestrado, el cual tiene cadena de custodia por parte de la Fiscalía, por lo que en este momento no podremos empezar obras hasta que esa entidad nos lo entregue, y tampoco sabemos cuánto se pueda demorar ese proceso”, precisó Ramírez.

Según Diego Achinte, delegado de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de Rama Judicial, Asonal, los servicios de justicia de la ciudad se siguen viendo afectados debido a que en estos momentos todos los ascensores del Palacio de Justicia se encuentran cerrados.

“A raíz de esto, los juzgados quedaron repartidos en toda la ciudad y eso es un caos. Por ejemplo, los de familia quedaron ubicados en el edificio Plaza de Cayzedo (en la Calle 12 # 5 -71), los civiles en el Edificio Goya, (en la Avenida 6 norte # 28N – 23) y los laborales en el edificio de la antigua Caja Agraria (en la Carrera 1 # 13- 42). Entonces, mientras estemos sin una sede principal, a los usuarios y abogados les va a tocar seguir andando por todo Cali buscando sus procesos”, manifestó Achinte.

Al respecto, la directora seccional de Administración Judicial de Cali, Clara Inés Ramírez, aseguró que los tiempos con las obras de los nuevos ascensores se vienen cumpliendo de acuerdo al cronograma y que no han habido retrasos.

“El contrato se adjudicó este año y en el 2018 lo que se hizo fue un estudio técnico para definir todas las especificaciones necesarias que tendrán los equipos. Ese concepto se entregó en diciembre”, sostuvo.

Dicho estudio fue realizado por la firma Paramentrizando SAS y, como resultado, se llegó a la conclusión de que los ascensores inspeccionados no cumplían con la totalidad de las previsiones contenidas en la norma Técnica Colombiana relacionada con la revisión técnico - mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.

La emergencia ocurrió el 15 de agosto del 2018. En ella, uno de los ascensores de la torre B del Palacio de Justicia cayó desde el sexto piso.

En los hechos dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas.
Además, con el accidente se suspendió el servicio en más del 90 % de los despachos judiciales ubicados en esa edificación.

Según informó la Otis, en las obras se harán adecuaciones en los pozos de los ascensores y cuartos de máquinas. Posteriormente se instalarán los nuevos equipos.

De acuerdo a Elmer Montaña, abogado de los familiares de una de las personas que murió en el accidente del pasado 15 de agosto, las familias de los heridos y fallecidos “no van a descansar hasta que haya justicia con las víctimas de este caso”.

“Estamos seguros de que hubo irregularidades muy graves en la compra, instalación y mantenimiento de esos ascensores. Tenemos información fidedigna de que fueron modificados en el mismo Palacio de Justicia y que esta intervención alteró los sistemas de seguridad de los mismos y, probablemente, fue la causa del accidente”.

De otra parte, Montaña aseveró que el mantenimiento de los elevadores tampoco se estaba haciendo por parte de una empresa experta en ese asunto.

“La Fiscalía no solo tendrá que establecer la responsabilidad frente a las personas encargadas del mismo, sino la responsabilidad que puede llegar a tener quienes participaron en el proceso de compra de los ascensores y quienes permitieron que fueran modificados. Una de esas personas es Clara Inés Ramírez, a la que denunciamos por homicidio culposo y, ahora, lo que más nos sorprende es que sigue en el cargo como si nada hubiera pasado”, dijo.