Ninguno de los actos vandálicos cometidos el pasado domingo en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde América y Atlético Nacional disputaban la final de la Copa BetPlay 2024, fueron producto de una acción espontánea de los integrantes de la barra Barón Rojo. Todo estaba planificado.
Muchos de los asistentes al estadio, y otros que seguían la transmisión por televisión, sabían lo que ocurriría en el minuto 80 si el marcador no era favorable al cuadro rojo. Eso era vox pópuli desde antes de que se sentaran los líderes de Barón Rojo a prometer un comportamiento ejemplar, independientemente del resultado, para que les levantaran las sanciones impuestas por los hechos violentos que protagonizaron en el juego América-Junior.
El argumento, que de buena fe acogió la Comisión Local del Fútbol, donde tienen asiento la Policía, la Alcaldía y el América de Cali, es que la barra pidió disculpas y viene realizando un trabajo social y que en el juego del pasado domingo se haría la despedida del ídolo Adrían Ramos. Pero Barón Rojo les pintó la cara de nuevo y no se hizo ni lo uno ni lo otro.
Al minuto 80, como tenían acordado, se vieron las primeras escaramuzas, pero fueron intentos tímidos por sabotear el partido. Luego, en un acto coordinado, los vándalos cubrieron sus rostros con las camisetas y empezaron a saltar a la pista atlética para agredir a los uniformados.
Cuando el cronómetro marcaba el minuto 85, el árbitro detuvo el compromiso y con el empate sin goles se coronaba campeón al conjunto verde y blanco de Antioquia.
Con el único propósito de que Atlético Nacional no diera la vuelta olímpica en el Pascual Guerrero, los integrantes de Barón Rojo destruyeron parte de la pista atlética del estadio, acabaron con las sillas de la tribuna sur, convertida en reino impenetrable de esa barra, dañaron las baterías sanitarias, lanzaron fuegos pirotécnicos contra la Policía y ocasionaros heridas a más de 30 personas, incluidos 8 uniformados.
Lo más triste, según los relatos de muchos aficionados al fútbol y seguidores del América, es que Barón Rojo opacó la despedida de Adrián Ramos, quien debió conformarse con salir a la cancha lanzar un adiós con su mano a las tribunas, cuando fue esa despedida la que justificó el permiso de ingresar trapos alusivos al América, instrumentos musicales y menores de edad a las tribunas, incluida la Sur, que la tiene tomada la barra.
“Ante los eventos que sucedieron en el partido con Junior, la Policía Nacional puso en consideración de la Comisión (Local de Fútbol) esos hechos que tenían que ser hablados y la postura de la Policía era que la final tenía que realizarse a puerta cerrada”, dijo el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
“En la Comisión Local de Fútbol se había acordado un compromiso de los líderes de estas barras para disfrutar este evento deportivo en paz y convivencia, pero desafortunadamente no fue cumplido”, dijo el alto oficial en entrevista con Blu Radio.
Pero más allá del rechazo de la Alcaldía de Cali a los actos vandálicos, de la misma Policía Metropolitana y de las sanciones impuestas, donde el único afectado es el equipo América de Cali, consideran algunos analistas que no habrá un verdadero cambio mientras las autoridades locales no asuman su responsabilidad frente a lo que ocurra dentro y fuera del estadio.
“El Comandante de la Policía Metropolitana propuso que se jugara el partido a puerta cerrada ante el riesgo que representaba y no fue escuchada su inquietud. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué genera tanto temor para las autoridades una barra como Barón Rojo en Cali y otras en las demás ciudades? ¿Hasta cuándo se les dará un protagonismo que no tienen a estos grupos violentos? ¿Vamos a seguirles pidiendo permiso para aplicar medidas que vuelvan a convertir el fútbol en un evento familiar?”, cuestionó un analista en seguridad bajo reserva de su identidad.
Con un poder desbordado
Mientras se sigue aplazando la implementación de medidas para quitarles el fútbol y los estadios a las mal llamadas barras bravas, estos grupos que caminan en la frontera de la criminalidad siguen acumulando cada día más poder.
“Me dio mucha rabia que llegara al partido y, en la entrada del estadio, casi frente a la Policía, estas personas de las barras exigiendo documento de identidad a quienes no llegamos con la camiseta del América para verificar lugar de nacimiento y saber si lo dejan entrar a uno o no al estadio”, indicó uno de los aficionados al fútbol que estuvo el domingo en el Pascual Guerrero.
Pero no es solo el documento de identidad. Desde hace algún tiempo las barras funcionan como otro anillo de seguridad y recorren los alrededores del estadio revisando si quienes han pagado su entrada tienen algún tatuaje alusivo a un equipo rival, si hablan con un acento distinto al caleño y les levantan las camisetas y las mangas de los pantalones buscando tatuajes en las pantorrillas.
Incluso, tanto en las afueras del estadio Pascual Guerrero como en el del Deportivo Cali, en Palmaseca, han denunciado que integrantes de las mal llamadas barras bravas ponen a las personas a cantar los himnos del equipo para saber si son verdaderos hinchas o son seguidores del conjunto rival; caso contrario, los atracan y no les permiten el ingreso al escenario.
El periodista Daniel Molina escribió en su columna ‘El Futbolero’, publicada en el diario El País el pasado jueves, que hay que recordarles a quienes estuvieron en los desmanes una verdad que pocos se atreven a decir.
“Ustedes no representan nada bueno, ni para la sociedad ni para el fútbol, y entre más lejos estén de los estadios, mucho mejor. Es una gran ironía que se sientan esenciales para los equipos y que se crean con el derecho de exigirles resultados y presionarlos, cuando ustedes no pagan los sueldos de los jugadores, y tampoco invierten un solo centavo en su club, porque las boletas se las regalan los directivos por miedo a sus represalias”, escribió Molina.
De acuerdo con el concejal Roberto Ortiz, quien ha trabajado de la mano con algunas barras de fútbol en la ciudad, los desórdenes en el Estadio Pascual Guerrero y en las afueras del escenario deportivo son reiterativos. “Se necesita aplicar La Ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y la Ley 1270 de 2009, por la cual se creó la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol”.
“Allí están los parámetros para regular el comportamiento de personas y sobre todo de hinchas. La aplicación de tecnología, huellas y rostros, más cámaras de video de alta resolución son necesarias para vigilar el comportamiento ciudadano. Los clubes de fútbol, las autoridades y la comunidad en general deben trabajar de la mano para que los estadios sean lugares de integración, de convivencia y pasión, y no de peligro como lo están convirtiendo las barras violentas que ven el fútbol de esa forma”, insistió Ortiz.
Las preguntas sencillas
Tras lo ocurrido el domingo en el Pascual Guerrero, han surgido preguntas sencillas de los hinchas para las que las autoridades locales parecen no tener respuestas.
¿Cómo ingresaron la pólvora al estadio? ¿Por qué no la detectó la Policía Metropolitana en la requisa habitual a los elementos que ingresa la barra Barón Rojo? ¿Quién o quiénes tienen acceso a las llaves del Pascual Guerrero? ¿De qué manera ingresa la droga a las tribunas? ¿Cómo entra el alcohol que se consume en las graderías?
El País estableció contacto con una persona que estuvo hasta hace poco en la barra Barón Rojo Sur y aseguró que lo que ocurre en el estadio “es a los ojos de todo el mundo y ninguna autoridad tiene cómo controlar todo lo que ocurre dentro de la barra”. “En el estadio Pascual Guerrero operan tres o cuatro bandas de oficinas dedicadas al microtráfico en esa tribuna sur y hay muchos pelaos que más que ver el partido, van es a rebuscarse”.
“Además, hay gente que hace parte de la logística del estadio que también trabaja para ellos (barras) y son muchachos que ayudan a entrar de todo a la tribuna. Imagínese un pelao de logística que lo que se gana son $ 50.000 o $ 60.000 por estar todo el día metido en el estadio; entonces se rebuscan entrando cosas para las barras, ingresando licor o metiendo gente que no tiene boleta y con eso se levantan hasta $ 200.000 o $ 300.000 por cada partido”, asegura la fuente.
Agrega que: “Lo otro es que la Policía le requisa a la barra los trapos, instrumentos y todo lo que va entrar al estadio para el partido, pero es lógico que no van a ir a esa requisa con trago, con armas o con droga ahí escondida. Todo se mete y se esconde antes de que la Policía haga la revisión o después de que ya han hecho la revista”.
Acabar con la violencia en los estadios es ante todo un asunto de autoridad, señala el docente y politólogo Diego Javier Sánchez: “Esa permisividad de las autoridades con las barras, por hacer lo que es políticamente correcto, no conduce a nada”.
“Inglaterra acabó con los Hooligans y le aseguro que eran una verdadera barra brava, no los vándalos jugando a bravucones que entran en Colombia los domingos a los estadios para asumir control y manejar el negocio del microtráfico”, señaló el analista.
En Inglaterra bastó con atacar el problema social de raíz, se crearon y se aplicaron leyes contundentes para judicializar a los violentos, se prohibió el ingreso de por vida a hinchas peligrosos y se sancionó a las empresas o los clubes que los patrocinaban, entre otras medidas severas.
El resultado es que 35 delincuentes tienen condenas a cadena perpetua por sus delitos, más de cinco mil personas identificadas no pueden volver a los estadios y se implementaron ayudas tecnológicas como cámaras, carnetización y lectores de huellas. Todas ellas aprobadas en Colombia, pero sin que autoridad alguna se atreva a aplicarlas.