El Gobierno nacional, a través de su ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se reafirmó este sábado en su intención de realizar la Copa América, que comienza el próximo 12 de junio, organizada de manera conjunta entre Colombia y Argentina.
El ministro Lucena aseguró que en materia de infraestructura el país está listo para la realización del torneo, en el que desde hace dos años todas las entidades del Estado tanto a nivel nacional como regional han venido trabajando.
“Vamos a ir hasta el final. Colombia no puede mandar ese mensaje de que la Copa América la vamos a ceder o la vamos a cancelar”, manifestó.
Señaló que Colombia respeta las decisiones de la Conmebol, que esta semana mantuvo la sede conjunta entre Colombia y Argentina. Los dos países “se tienen que colaborar incluso en la diferencia. No podemos permitir que la política internacional se meta en el querer de dos naciones hermanas”, expresó.
Aseguró que de manera permanente se le ha informado al presidente de Conmebol y a todo el consejo de la organización sobre lo que está pasando en Colombia, en especial frente a las preocupaciones que surgieron después de los partidos de Copa Libertadores de esta semana en Barranquilla, en donde el gas lacrimógeno lanzado por la policía antidisturbios afectó a los jugadores que estaban en la cancha.
“No podemos permitir que un evento al que viene el talento más grande de Suramérica, sea permeado por actos vandálicos”, agregó.
El ministro les pidió a los alcaldes de las ciudades que van a alojar la Copa América que se pronuncien sobre su compromiso con la realización del evento.
“No he escuchado en los últimos días ninguna expresión por parte de ellos, salvo lo que ha hecho el alcalde de Barranquilla de hospedar la Copa Libertadores. Sea este un llamado respetuoso pero también afirmativo a los alcaldes para que nos metamos en el rol. Estamos a un mes de la Copa América y necesitamos saber cuál es su postura sobre la Copa América”, afirmó.
Dijo que por el momento permanecen las cuatro sedes que se habían seleccionado, pero que el Gobierno tiene un plan B en caso de que por razones epidemiológicas o de seguridad no sea posible realizarlo en alguna de ellas.