Los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en dos estadios de Colombia —Atanasio Girardot, de Medellín, y Palogrande, de Manizales— llevaron a la Dimayor a realizar cinco propuestas para mitigar el fenómeno, que desde hace décadas está enquistado en el fútbol.
Una de las propuestas está relacionada con el regreso de las vallas a los estadios del país, con el fin de evitar que los barristas se tomen la cancha durante los partidos.
En la asamblea liderada por el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se determinó, en el punto 2, “Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego”.
Las vallas desaparecieron de los estadios de Colombia en el año 2011, cuando el país fue sede del Campeonato Mundial Sub-20 y ante una medida de Fifa que exige en sus torneos tener los escenarios sin este tipo de barreras.
La propuesta de la Dimayor desató una polémica en la que han opinado directivos, periodistas y aficionados, con voces a favor y en contra.
Mauricio Romero, presidente del América de Cali y quien participó en la asamblea de la Dimayor, aclaró que en esa reunión hubo propuestas que deben ser entendidas como estrategias, pero no son decisiones tomadas.
Dijo el directivo que estas ideas serán presentadas en la reunión de la Comisión para la Seguridad y Convivencia del Fútbol, mesa en la que están sentados representantes del Gobierno nacional, este jueves.
“El comunicado de la Dimayor tiene cinco propuestas importantes que tienen que ver con la autorregulación de los clubes, las sanciones, la seguridad y demás, pero la gente se ha quedado solo en este punto de las vallas”, dijo Romero.
“Muchos consideran que regresar a las vallas en los estadios significa un retroceso, pero lo veo viable porque los directivos estamos en un desespero tremendo, pendientes de si los hinchas se meten a la cancha, y al final terminamos siendo sancionados siempre los equipos, generando tal situación cuantiosas pérdidas económicas por las taquillas que se dejan de percibir”, argumentó el Presidente del América de Cali.
“El desespero es absoluto, pero hay otro punto que no ha sido considerado. ¿Quién va a hacer esa inversión de instalar nuevamente las vallas? La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol dicen que son las Alcaldías y estas responden que son las autoridades del fútbol”, precisó Romero, evidenciando de esta manera cómo las entidades se ‘tiran la pelota’.
Habrá que esperar a que se tomen decisiones conjuntas con el Gobierno nacional a fin de mitigar la violencia que causan las barras bravas en los estadios.
Las propuestas de la Dimayor
1. Desarrollar mecanismos de autorregulación en el ámbito asociativo en materia de seguridad y modificar los existentes a fin de mitigar tales eventos. De manera ejemplificativa se establece la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares. Lo anterior no conlleva a anular el relacionamiento de los clubes con sus aficionados.
2. Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU.
3. Avanzar en el establecimiento de un sistema de registro, por medio de un enrrolamiento biométrico y documental en el ingreso al escenario deportivo, cumpliendo con la finalidad de individualizar a quienes acuden a los estadios del país a ejecutar actos de violencia y vandalismo, en consonancia con el Decreto 1622 de 2022 y demás disposiciones vigentes.
4. Asumir los compromisos que corresponden en materia de seguridad; para tal efecto se expresó la necesidad de una corresponsabilidad, la cual si bien es asumida por los clubes profesionales con la contratación de logística privada, no puede desplazar las competencias establecidas en la Constitución y la ley, respecto de las autoridades que detentan la fuerza pública en los términos de la Sentencia C-128 de 2018.
5. Desarrollar un enfoque integrado, multinstitucional y equilibrado, para erradicar la violencia de los estadios en el país.