Los usuarios de la salud en el país, en especial de las aseguradoras más grandes y que se encuentran intervenidas (Nueva EPS con 10 millones y Sanitas con 5 millones) por la Superintendencia y en números rojos, están en alerta tras los nuevos hallazgos realizados por la Contraloría General de la República sobre los malos manejos que se dieron de los dineros del sistema.
La presidente ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, reveló que tendrán una reunión de urgencia con el ente de control fiscal para revisar estas revelaciones y determinar qué decisiones se tomarán. Se teme que la crisis del sistema de salud se ahonde.
Cabe recordar que Acemi es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, es decir, es el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo. La alerta de la Contraloría fue sobre 24 empresas promotoras de salud, de allí que la preocupación se cierna sobre todo el gremio.
La reunión será la próxima semana y entre los puntos que se quieren abordar está el principio de anualidad, el que fue vulnerado según lo dicho por el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Este principio, “que rige para los presupuestos públicos y que, en este caso en particular, es uno de los temas que ha advertido la Contraloría por el uso de la UPC (unidad de pago por capitación) de un año para cubrir obligaciones de años anteriores”, dijo Ana María Vesga.
En resumen, el entre de control fiscal señaló que las EPS usaron recursos de la UPC del 2020 para pagar cuentas atrasadas de las empresas de años anteriores. “Estamos seguros de que en el ejercicio de defensa que hacen cada EPS podrán aclarar buena parte de estos hallazgos y alertas que ha levantado la Contraloría”, añadió la presidenta de Acemi.
Otro punto que se pondrá sobre la mesa es el uso de los recursos del gasto administrativo de las EPS, así como la prescripción de las cuentas de la salud. Por un lado, ya que se conoció que los recursos de las aseguradoras se iban, en alta suma, en temas como vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga, pilates y demás. Por el otro, porque hay cuentas por pagar que ya acumulan dos décadas.
“Creemos que es de la mayor importancia mantener esta discusión en el marco de esos espacios técnicos, pues es esencial la claridad para todos los agentes alrededor de esta revelación que ha hecho la Contraloría”, expresó Vesga.
Las investigaciones de la Contraloría General de la República concluyen en 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal por una cuantía de $ 6 billones, 37 hallazgos con presunta incidencia penal, otros 37 con presunta incidencia disciplinaria y 24 permitieron iniciar indagaciones preliminares por $ 5,3 billones.