Una de las propuestas más radicales del Gobierno actual y que ha sido calificada por muchos analistas como peligrosa para la economía de la nación es la que buscaría eliminar la dependencia del país a los hidrocarburos y con ello el cierre de su producción y exploración en el país.
El Gobierno Petro, desde antes de ser elegido y lanzando fuertes críticas, ha dejado clara su intención de apagar la industria extractiva del país y migrar la dependencia hacia energías limpias. Aunque es una propuesta que han seguido países desarrollados, lo cierto es que la transición energética tiene varias implicaciones y consecuencias, una de ellas es el desempleo.
Un informe hecho por en Departamento Nacional de Planeación (DNP) en colaboración con la Cepal y la Agencia Francesa de Desarrollo, dejó ver un escenario preocupante para miles de trabajadores, que se verían afectados con la eventual eliminación de la industria extractiva del país, que representa el 2,2% del PIB en 2023, de acuerdo cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Alarma por ola de desempleados que vendría con la transición energética
El informe, que presenta los resultados de los efectos de una economía baja en carbono en el mercado laboral y el sistema de seguridad y protección de Colombia, dejó ver cuáles serían los efectos de esta propuesta en la empleabilidad del país.
También apunta a que el país cuenta con diferentes compromisos medioambientales que debe asumir, por lo que este sería otro factor que aportaría a las decisiones para hacer una transición energética.
“Las principales conclusiones que destacamos es que la dimensión económica, medioambiental y social deben tomarse de manera conjunta para estar en línea con la visión de la agenda 2030. El objetivo de reducción y superación de la pobreza, junto a la protección del planeta son convergentes en la política pública”, dijo Raúl Holz, oficial de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
La investigación fue desarrollada bajo dos modelos que dejan ver cuál sería el escenario antes de la implementación de las acciones de política. El primer análisis fue hecho bajo la premisa de reducir a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país, para así poder identificar los desafíos que la administración pública enfrentaría entre el 2023 y el 2030.
El primer dato impactante se evidencia en los departamentos petroleros. La disminución en la producción del crudo sería del 12,1%, lo que significa que se perderían 117.000 empleos. Además, para los departamentos productores del carbón también habría un duro golpe, pues la reducción de producción en estos sería del 11,8% y una eliminación de 145.000 puestos de trabajo.
Además, la investigación también permite establecer una estimación sobre el impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto, si este se redujera a la mitad de la producción. Se estima que este puede retroceder en un 3,5%.
Respecto a las cifras de pobreza, el efecto, según el estudio, sería un aumento del 3,26% en la pobreza moderada y 1,40% en la pobreza extrema, durante el primer año de implementación de ese modelo.
¿Qué debería hacer el Gobierno?
De acuerdo con la investigación, una de las estrategias que debería seguir la actual administración es implementar incentivos para así aumentar la producción en el sector agrícola, la agroindustria y el turismo a nivel departamental. Puede aumentar la oferta de empleo en esos sectores, pues se pueden compensar hasta 93.000 empleos si se activan estas ramas de la economía.
“Los puestos de trabajo que no se logren absorber con la creación de empleos en el agro, la industria y el turismo, se fortalezca la implementación de un programa de focalización de recursos que le permitan a los trabajadores tener una transferencia monetaria de $1 millón y apoyos en la capacitación de nuevas actividades más sostenibles”, precisa la investigación.