Analistas y gremios advierten sobre posible impacto negativo de la reforma tributaria

Varios expertos en el campo de la tributaria le hicieron duras críticas al proyecto de Ley de Financiamiento e incluso sugirieron rehacer la propuesta o “dejar así”, es decir, conservar lo que hoy está operando.
Luis Hernando Franco Murgueitio, de la firma Murgueitio y Asociados, calificó el proyecto como “desastroso”.

Las razones para dar este concepto fueron las siguientes: la Ley de Financiamiento vuelve al impuesto sobre el patrimonio (gravamen que genera doble tributación); mantiene por tres años la “absurda” renta presuntiva (que el candidato Duque había anunciado que sería desmontada); propone un sistema que resultaría costoso y de muy difícil manejo para devolver a la población de menores ingresos parte del IVA; insiste en el Impuesto Nacional al Consumo “que se convierte en un costo y por ello termina siendo inflacionario al ser trasladado al consumidor”.

El experto también considera inadecuado que el proyecto elimine descuentos y rentas exentas desconociendo requerimientos financieros de proyectos en curso o que incremente los niveles de tributación para la renta de las personas naturales y grave las pensiones que se han adquirido después de una vida dedicada al trabajo.

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Asimismo dice que la Ley de Financiamiento mantiene y extiende el gravamen a los dividendos, “con ello desestimula la inversión y la capitalización de utilidades”; eleva tasas de retención que afectan la disponibilidad financiera de las personas y de las empresas; “inventa” una renta presuntiva sobre ingresos; hace aún más complejos los procedimientos. “Cae en el obtuso planteamiento de una prima de éxito o incentivo para los funcionarios de la Dian por cumplimiento de metas, que eliminaría objetividad en al análisis y llevaría a sesgos indebidos en la calificación de pruebas”.

Para el experto, se debería reestructurar la iniciativa para que corresponda a una línea de financiamiento, “pero no a costa de los contribuyentes sino, en cambio, a una drástica reducción del gasto público, a una decidida eliminación de prebendas, al inmediato cercenamiento de entidades que para nada son útiles”.

Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, considera que la Ley de Financiamiento contiene elementos positivos al expandir el cubrimiento de la tasa general del IVA e incrementar el gravamen de los hogares más ricos (incluyendo la re-adopción del impuesto patrimonial), pero opina que tiene elementos muy negativos para el recaudo tributario, como la reducción de la tasa general del IVA del 19 % al 17 % durante los años siguientes y “la inconveniente baja de la tasa corporativa del 33 % al 30 %. Infortunadamente, pesarán más los elementos que drenan el recaudo que los que lo impulsan”, explicó.

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Destacó que los cálculos realizados por el propio Gobierno indican que esta Ley tan solo incrementaría el recaudo 0,2 % del PIB en 2020, pero según Anif el recaudo podría hasta caer 0,1 % del PIB para ese año.
Por ello, considera que no se justifica que el Gobierno Duque dilapide su escaso capital político en intentar ampliar la cobertura del IVA y que drene en exceso la capacidad tributaria del Estado, volviendo al camino errado de la supuesta “confianza inversionista”.

Advierte que Colombia podría perder el grado de inversión, por eso sugiere que es “mejor dejar así…” (la Ley 1819 de 2016), antes que dar este salto al vacío fiscal.

Asimismo, el docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), José Roberto Acosta, dijo que la más afectada con el proyecto del Gobierno será la clase media, que tendría que asumir un pago de impuestos que nunca se había visto en el país con las pasadas reformas tributarias y que además no tendrá la posibilidad de recibir una compensación por su pago de IVA.

“El recaudo neto de la reforma, si llegara a pasar, sería de $14 billones y esto no solo es atrevido sino que está desconectado de la realidad, porque lo máximo que han recaudado las últimas reformas son $7 billones. Esto es una reforma improvisada y abusiva porque no ha habido alguien que le saque de los bolsillos a los colombianos estos recursos, principalmente a la clase media, que pagaremos $8,7 billones”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró que el debate de la Ley de Financiamiento no solo se debe concentrar sobre el tema del IVA, ya que con esta ley también se busca financiar el gasto social.

“Que tengamos condiciones en el agro para hacer inversiones durante los próximos 10 años con una exención de impuestos es muy importante, porque no se trata de automatizar ni reemplazar a las personas, sino de generar condiciones de trabajo.

Según Sandra Forero, presidenta de Camacol, hay varias preocupaciones alrededor de la ley de financiamiento, pues por una parte, afecta la vivienda usada que sería gravada con IVA del 18 %, lo mismo que algunos materiales claves para la construcción de vivienda de interés social como el ladrillo y las arcillas.

Además, explicó que en la reforma tributaria del 2016 se le puso IVA de 5 % a la vivienda nueva de más de $880 millones y que la ley de financiamiento aumenta ese impuesto al 18 %. Por eso pidió al Gobierno revisar esos puntos.

Asimismo, el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, dijo que de ser aprobada la Ley de Financiamiento habría graves implicaciones sobre las empresas del sector y toda la cadena que está atada a esta actividad. “En el caso de los fletes, actualmente no se aplica IVA, pero con la idea del Gobierno tendrían un gravamen del 18%”.

Agregó que el IVA también tendrá repercusiones negativas sobre la liquidez de las empresas, pues estas deben responder por el impuesto cada dos meses, pero a los transportadores les pagan hasta por 180 días. Esto generaría problemas de liquidez.