Luego de conocerse el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en el que avaló la continuidad de la empresa Grupo Portuario como concesionario del Muelle 13 de Buenaventura, a través de un comunicado, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dio a conocer su posición al respecto.
En el documento, la entidad estatal señaló que mediante resolución el pasado 11 de marzo se decidió modificar el contrato de concesión portuaria “teniendo en cuenta la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”.
Asimismo, la ANI señaló que frente a la decisión “se encuentra analizando y haciendo las consultas pertinentes para determinar la manera de proceder para dar cumplimiento a las dos medidas cautelares falladas sobre el particular”.
Agregó que “el Gobierno Nacional es respetuoso de las decisiones de los jueces de la República, sin perjuicio de que está evaluando ejercer los recursos a los que tiene derecho frente a las medidas adoptadas en los despachos judiciales”.
Antecedentes
El Grupo Portuario opera hace más de 20 años dicho muelle por dónde se mueve carga multipropósito de importación y exportación. Pero, en diciembre de 2023, el Gobierno decidió quitarle la concesión y no prorrogar el contrato, según dijo el presidente Gustavo Petro, en varias ocasiones, para entregar ese pequeño terminal a los pescadores.
Sin embargo, la decisión del Tribunal Administrativo de suspender los efectos del acto administrativo, a través del cual la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, revocó la prórroga de la concesión, le estaría dando la razón a los empresarios del sector portuario.
Víctor Julio González, director del Comité Intergremial de Buenaventura, considera que esta decisión es positiva principalmente para el bienestar de más de 500 trabajadores que se benefician con la operación de esta terminal portuaria. “Esta determinación obliga a las partes a sentarse en unas mesas de diálogo que permitan encontrar el mejor camino para ampliar la concesión bajo los parámetros que establece la ley”, afirmó.
Desde el Grupo Portuario informaron que la decisión del Tribunal es una medida cautelar proferida en el curso de la primera instancia de una demanda de controversias contractuales. Es decir que aún no se dice la última palabra en este caso.
Los hechos
Detalla la demanda resuelta en favor del Grupo Portuario, que “el 21 de enero de 2022 esta empresa le solicitó a la ANI que se modificara el contrato de concesión para que se extendiera por 20 años más, a partir del 25 de diciembre de 2025, cuando terminaría”.
Además, señala el documento, que se pidió que “se incorporara como parte de la concesión el área del Muelle 13 y se conviniera su reforzamiento estructural para un óptimo servicio portuario, teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento que le permitía el uso y goce de ese terreno vencía el 6 de enero de 2025″.
El 22 de diciembre de 2023, el Consejo Directivo de la ANI decidió, en sesión extraordinaria, aprobar la petición del concesionario, es decir, autorizó la suscripción de un otrosí modificando la vigencia del contrato de concesión más la operación y explotación del “Lote 13″.
Con ello, esta empresa, especializada en el manejo de carga, iba a continuar con la operación portuaria. Sin embargo, unos días más tarde, el Gobierno Nacional decidió no otorgar la prórroga de la concesión con base en una posible afectación ambiental y la falta de consulta previa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
Por tal razón, Grupo Portuario demandó esta segunda decisión que les quitaba la operación en el Muelle 13.
La compañía, representada por el abogado Luis Felipe Henao, solicitó al Tribunal que se suspendieran los efectos del acto administrativo argumentando, entre otras cosas, el desconocimiento de audiencia y de defensa, lo que sería una violación al debido proceso constitucional, falsa motivación y abuso del derecho. Estos argumentos fueron validados por el Tribunal Administrativo del Valle.
Henao explicó que la decisión del Tribunal reconoce la labor que ha venido desempeñando el Grupo Portuario desde hace más de 20 años.
“El 28 de diciembre de 2023 en un acto antijurídico, y sin ninguna justificación, el Gobierno Nacional decidió suspender la prórroga de la concesión sin dar razones técnicas para ello”, señaló.
Asimismo, aclaró que al concesionario no le interesa buscar una indemnización y aseguró que, por el contrario, tiene previsto hacer una inversión de más de $75.000 millones, que estará dirigida a promover más puestos de trabajo en Buenaventura.
Igualmente, esta sociedad portuaria ha expresado que continuará llevando a cabo sus actividades en el Muelle 13 y ha ratificado su disposición a conciliar, por lo que esperan que se logre un acuerdo.