El miércoles 13 de diciembre, se retomó el debate sobre la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Frente a esto, los empresarios han solicitado prudencia ante las consecuencias potenciales, sin contar la discusión del aumento en el salario mínimo.
De esta manera, gremios como Fenalco argumentan que el hecho de que estas conversaciones es de gran relevancia para el país, se estén llevando a cabo de manera simultánea, presenta un riesgo significativo para el mercado laboral.
La afirmación por parte de los empresarios se dio luego de que las centrales obreras solicitaran un aumento del 18% en el salario mínimo de Colombia para el año 2024. Siendo así, los empresarios de la nación afirmaron que la reforma laboral del gobierno Petro que es debatida en el Congreso de la República, llega sin acuerdo y aumenta las presiones sobre los empresarios.
“Queremos manifestar nuestra preocupación porque mientras en esta mesa tratamos de hacer esfuerzos por llegar a una concertación, en el Congreso avanza atropelladamente el proyecto de reforma laboral que nunca fue concertado”, dice un comunicado emitido por los principales gremios empresariales.
Los empresarios creen que un enfoque inadecuado en estos dos debates podría tener un impacto negativo en la actividad económica, la cual ya se encuentra en una situación de disminución en Colombia y podría enfrentar mayores retos en el año que se aproxima.
“La discusión de la reforma laboral, sin audiencias públicas y sin previa concertación, enrarece el proceso de discusión del incremento del salario mínimo y no contribuye a consolidar la confianza requerida para llegar a acuerdos basados en reglas claras”, dice la misiva.
“Para Fenalco, en un escenario de pobre crecimiento económico, es indispensable que las discusiones se hagan de cara al país y que se reflexione adecuadamente sobre el efecto de las decisiones”, dice el documento.
Asimismo, se indicó que la implementación de la reforma laboral en Colombia resultaría en un incremento de costos para los empresarios y las empresas del país, que oscilaría entre el 25% y el 30%, sin considerar el aumento del salario mínimo.