Los constructores del país le pidieron al Gobierno Nacional preservar el modelo de concesiones, que consideran ha sido exitoso.
Durante la XX Asamblea de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, que se desarrolla desde este miércoles, 22 de noviembre, en Cartagena, aseguraron qué la inversión total de capital privado en infraestructura pública asciende a una suma histórica que supera los $100 billones.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, dijo que el modelo también ha permitido tener puertos de contenedores “extremadamente eficientes: Cartagena y Buenaventura, por ejemplo, en los puestos quinto y veinte del ranking del Banco Mundial, y también con infraestructuras aeroportuarias de la talla del El Dorado. En 30 años de concesiones, en fin, superamos un rezago de 100 años en infraestructura”.
El líder gremial afirmó que el sector de la infraestructura vivió un momento de zozobra cuando algunos medios de comunicación revelaron una noticia en el sentido de que la institucionalidad y el marco normativo alrededor del modelo de concesiones no sería preservado.
“Sin embargo, en conversaciones recientes del gremio con el señor ministro de Transporte y altos funcionarios del ramo, se hace evidente que el Plan Nacional de Desarrollo, de su propio gobierno, plantea robustecer el intermodalismo, la infraestructura social y las vías comunitarias, justamente, a través de esa misma institucionalidad”.
El gremio de los constructores hizo un llamado al Gobierno para avanzar en los grandes proyectos como la vía Mulaló Loboguerrero, en el Valle, que no ha logrado salir adelante, iniciativas que, además, serían un impulso a la economía.
“Confiamos en que proyectos claves para la economía nacional y la competitividad del aparato productivo, tales como el de Mulaló- Loboguerrero en la costa pacífica, y las obras pendientes de la Perimetral del Oriente en el centro del país, puedan materializarse prontamente”.
Igualmente, dijo, es el caso de la vía estratégica a todas luces, Bucaramanga- Pamplona, en el oriente colombiano.
También se hace imperativo licitar prontamente un conjunto de proyectos, cuyas inversiones ascienden a más de 25 billones. Entre ellos sobresalen las vías Pasto-Popayán, Villeta-Guaduas, Calarcá-La Paila, el Tren La Dorada-Chiriguaná, el aeropuerto de Cali, y la ampliación de El Dorado. No sobraría para ello, de igual manera, un “plan especial” con el fin de avanzar prontamente en la aprobación de estas iniciativas en el DNP y el Ministerio de Hacienda.
Peajes son necesarios En la inauguración del Congreso de la Infraestructura, el presidente de la CCI, aseguró que, sin los peajes, los gobiernos recientes difícilmente habrían podido acometer las obras que han enmarcado esta revolución de 30 años.
“Seguramente el Estado se habría visto obligado a hacer recortes en educación, salud, vivienda, seguridad o justicia. O lo más preocupante: habría tenido que tramitar -tal como lo ha establecido Fedesarrollo-, no menos de 5 o 6 reformas tributarias de $20 billones cada una. Todo, bajo el inconveniente de que terminarían pagando las obras cada uno de los colombianos, incluso aquellos que no usan la infraestructura”.
Para Caicedo Ferrer, la decisión de congelar las tarifas de los peajes viales en enero del 2023 ha significado un duro revés para la confianza del mercado, de los inversionistas y de los financiadores nacionales y extranjeros, “que creyeron y apostaron, justamente, por el modelo de APP en Colombia”.
Por esta razón, afirmó que se deben garantizar las fuentes de ingresos de los proyectos de APP, pues esto se convierte en una condición, más que necesaria, para mantener la inversión del sector privado en la infraestructura pública.
“La certeza jurídica, en efecto, y la estabilidad en las reglas de juego, despejaron el camino, desde los 90, a la inversión privada y el desarrollo de ambiciosos proyectos de infraestructura”.
El Ministerio de Transporte ha informado que los peajes en el país tendrían un alza del 13% en diciembre y otra en enero del 2024.
Obras por impuestos
Los constructores también propusieron repotenciar el instrumento de “Obras por impuestos”, el cual consideran especialmente pertinente en las regiones más aisladas.
“Compartimos y apoyamos, de otro lado, el anhelo del Gobierno, en el sentido de buscar fuentes alternas de financiamiento para la infraestructura. La valorización, por ejemplo, ya cuenta con soporte y viabilidad legal, lo cual, por lo tanto, nos invita al Gobierno y al gremio, a construir de la mano la debida hoja de ruta a este respecto, incluso para conectar masivamente las vías concesionadas con los corredores secundarios y terciarios”.