Este martes, 20 de agosto, un nuevo escándalo de corrupción se conoció a través la Contraloría General de Santiago de Cali, que detectó un nuevo detrimento patrimonial. El caso se habría dado en los talleres de Cali, desde el año 2020, y el cálculo del detrimento sería de 9.000 millones de pesos.
El caso fue denunciado por el concejal de Cali, Roberto Ortiz, quien aseguró que se pagaron seguros y SOAT a maquinaria amarilla que no estaría en funcionamiento, varada o que no cuenta con las condiciones suficientes para operar por falta de procesos de mantenimiento.
“Este desgreño administrativo entre la Secretaría de Infraestructura de Cali y la entidad Bienes y Servicios Cali no puede seguir”, comentó el representante Ortiz, quien también aprovechó para hacer un llamado al alcalde Alejandro Eder, para que tome medidas inmediatas para frenar la mala gestión y proteger los recursos de los caleños.
Tras los hallazgos, la Contraloría, en voz del contralor general de Santiago de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, anunció una rueda de prensa para el próximo miércoles, 21 de agosto, para analizar el detrimento patrimonial mencionado anteriormente.
A través de un comunicado de la Alcaldía de Cali, se refirió este 20 de agosto a los esfuerzos que ha llevado a cabo para realizar una recuperación progresiva de la maquinaria amarilla que es utilizada para el mejoramiento de las vías.
Tras las inversiones realizadas, por más de 1.000 millones de pesos, un porcentaje de vehículos, incluidas volquetas, retroexcavadoras y vibrocompactadores que no se encontraban en las condiciones para prestar el servicio, fueron reparados y nuevamente están operando. Con ello se podrán rehabilitar cerca de 22 kilómetros de vías, que a su vez beneficiarían a 600.000 caleños.
Desde el primer día de nuestra administración, hemos denunciado el estado deplorable en el que se encontraba la maquinaria amarilla, con un 55% de los 130 vehículos inactivos. Hoy, gracias a estas inversiones y al trabajo incansable de nuestro equipo, estamos logrando devolver estas máquinas al servicio de la ciudad para mejorar nuestras vías”, indicó la Secretaría de Infraestructura.
Hace algunas semanas, el ente de control también se pronunció sobre varias obras de infraestructura que estarían abandonadas, encendiendo las alarmas. La Contraloría recordó que en los últimos dos años se logró evitar el desarrollo del contrato con la Unión Temporal AMI, que presupuestaba una inversión cercana a $215,000 millones, debido a sobrecostos en la compra de televisores y sillas por parte de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.
“Para asegurar el recurso público, presuntamente mal manejado, hemos congelado bienes de los presuntos responsables fiscales de estos sonados casos -en el Municipio y Emcali, ordenando medidas cautelares y embargo por cerca de $79.000 millones; en estos procesos están vinculados el exalcalde (Jorge Iván Ospina), exgerentes, supervisores de contrato, interventores y exsecretarios de distintas áreas como Seguridad, Deporte”, informó Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la Nación.
De hecho, el Contralor destacó que en menos de dos años se han llevado a cabo 52 actuaciones fiscales relacionadas con estos hechos, involucrando a Emcali y a la Alcaldía de Cali. Además, se tienen actuaciones preliminares por un monto cercano a $135,000 millones.
“Producto de nuestra gestión, el primer desembolso de $15.000 millones no se hizo al contratista (en el caso AMI de Emcali). Antes de que termine el año estaremos dando un balance de procesos de responsabilidad fiscal en firme que en este momento están en proceso”, agregó Rodríguez.
Por otro lado, debido a los reiterados cuestionamientos sobre el reciente contrato de alumbrado público de Emcali, la Contraloría informó que ya han comenzado la vigilancia.
“Ya se han desplazado en varias oportunidades equipos del nivel central para vigilar cómo se adelanta este proceso de alumbrado público y dejar constancia que estamos vigilando ese tema y ante todo que no se vayan a ver afectados los caleños con temas de tarifas de energía producto de la firma de ese contrato”, aseveró Rodríguez.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que desde 2022 hasta la fecha ha evitado que 19 obras en el Valle se conviertan en “cementerios de concreto”, previniendo así la pérdida de aproximadamente $281,000 millones.