La crisis aérea que dejó la quiebra de las aerolíneas de bajo costo como Vivar Air y Ultra Air, las cuales tenían una participación de mercado de 20% y 8%, respectivamente, ha ocasionado que varias agencias de viajes entren en crisis, afectando también a los hoteles y el comercio de los destinos turísticos.

Pese a que el ministro de Comercio, Germán Umaña, desmintió que se vayan a controlar los precios, asegurando que el único objetivo es proteger al turista y consumidor, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha planteado ponerles tope a los pasajes de avión, lo que disminuiría la oferta de rutas aéreas.

Lea también: Transportadores piden al Gobierno compensación por problemas viales en el suroccidente del país

Esto tendría varias implicaciones que pueden beneficiar a los turistas, pero afectaría a las organizaciones. Para Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia “el control de precios es una medida que genera un efecto nocivo en el consumidor y el turismo. En la práctica, termina beneficiando a aquellos que tienen más capacidad de pago y golpeando el bolsillo de las personas de menores ingresos. El resultado final es que menos colombianos tendrían acceso a un servicio público esencial. En el mundo, los países que adoptaron ese modelo solo han frenado el desarrollo del transporte aéreo”.

Por su parte, Juan Felipe Reyes, abogado aeronáutico de Parra Rodríguez Abogados, recalcó que con esta medida que busca el Gobierno, “los efectos serán nefastos, pues precisamente la libertad tarifaria permitió a las aerolíneas, incluso, ofrecer tarifas muy bajas y democratizar el acceso a los servicios de transporte aéreo”.

Al respecto, el profesor asociado de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche, recalcó que el control de precios tiene dos caras dependiendo de la perspectiva. Useche expresó que, si esta medida llegara a ser exitosa, habría una tranquilidad y calma para el bolsillo de los consumidores al saber el valor máximo que van a pagar en los tiquetes aéreos.

Sin embargo, recalcó que, si esta medida no se balancea de manera adecuada con los subsidios a las aerolíneas, estas tendrán que dejar de enviar varios vuelos, ya que el precio máximo de los tiquetes se debe fijar teniendo en cuenta los costos como el de combustible, cuyo valor varía dependiendo del dólar. “Con un precio fijo las aerolíneas no podrían aguantar esta medida”, concluyó.

Le puede interesar: Las duras consecuencias que caída de puente en el Quindío le traerá a la economía del Valle

Esto se suma a otras ideas que ya se encuentran en marcha. Una de estas es el proyecto de ley radicado por la representante a la Cámara, Piedad Correal, para reducir el precio de los tiquetes a través de la disminución del IVA de 19% a 5%, medida que tras la pandemia le permitió al sector turístico recuperarse del golpe del covid-19 y presentar una recuperación, incluso, por encima de los niveles de 2019.

La otra decisión que se ha implementado gira en torno a declarar algunas regiones como destinos sociales. Esto implica que lugares como San Andrés, Leticia, Santa Marta, Cartagena y Riohacha, que son de difícil acceso, tengan algunos descuentos en el valor de las tasas y derechos que son cobradas al pasajero por el uso de las instalaciones de los aeropuertos.

La zona que recibirá más ayudas será la isla a través de la exención de tributos aduaneros en los envíos procedentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que lleguen al resto del territorio, además de subvenciones para las aerolíneas que las pidan.