Aún hay dudas sobre cuál será el monto del presupuesto del 2025 de la Nación, teniendo en cuenta que no tuvo debate en el Congreso y que será decretado por el Gobierno Nacional.
Algunos dicen que será $523 billones, como propuso el Gobierno, otros dicen que debe ser $511 billones, es decir, no incluiría los $12 billones de la ley de financiamiento, que todavía no se tramita, y otros argumentan que debe salir por el mismo valor del presupuesto del 2024 ($503 billones).
Definir este monto será clave para el funcionamiento y la inversión del país y sobre todo para las regiones que dependen de estos recursos.
El presupuesto regionalizado tampoco fue debatido en el Congreso y el informe solo se conoció el pasado lunes. En él se definieron $82 billones para distribuir en las regiones.
La región Andina concentra la mayor cantidad de recursos con $29,2 billones (35,4%); Caribe con $15,5 billones (18,7%); Pacífico con $11,8 billones (14,3%); Amazonía con $3,4 billones (4,1%) y Orinoquía.
Pese a que estas cifras están contempladas en el documento de regionalización, el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, comentó que no es claro que las regiones reciban estos recursos porque asegura que el Gobierno Nacional no tiene plata.
“Este año tendrán que hacer un nuevo recorte, ya se hizo uno por $20 billones, porque no hay recursos. El Presidente solo está interesado en subsidios, se está mecateando la plata en burocracia y despilfarro”, dijo.
Insistió en que no hay claridad sobre el presupuesto de las regiones, debido a que aunque está en el papel, “no hay plata y el Estado tendrá que hacer más recortes”, que estima podría ser de $40 billones, lo implicaría un cambio en los recursos para los departamentos.
Según el presupuesto regionalizado preliminar del 2025, el Valle recibiría $4,18 billones frente a los $4,67 billones de la actual vigencia, lo que implica un recorte de unos $484.000 millones frente a la vigencia actual y una caída de más del 10% (ver gráfico).
Sin embargo, otra regiones registran mayores recortes como Antioquia, que recibiría $2,2 billones menos para el próximo año.
María Victoria Machado, directora de Hacienda del Valle, comentó que desde la región preocupa que el presupuesto no se haya aprobado, pues considera que es un mensaje que puede tener efectos negativos en los mercados internacionales, básicamente por la calificación de riesgo país.
“En la medida que aumente el riesgo país, las condiciones de tasas para créditos nos podría afectar con un aumento. Es un riesgo para todos los departamentos. También nos preocupa que al no ser aprobado por el Congreso el presupuesto y ante el desfinanciamiento de las fuentes de ingresos, el Gobierno deba proceder a aplazar los gastos que no tienen financiamiento”.
Según la funcionaria, este escenario “nos deja incertidumbre frente al proceso de reactivación económica que es necesario para la activación de la demanda y el consumo que son la estructura fundamental de los ingresos departamentales”. Adicionalmente, el presupuesto de las regiones podría seguir bajando, si el Estado debe aplazar más gastos.
Monto del presupuesto
Según la senadora Angélica Lozano, “la ley dice que se debe decretar lo aprobado en el primer debate, pero como no se llegó a eso, entonces lo que deben decretar es el proyecto original radicado ($523 billones), así desfinanciado y todo”.
Lo que pasaría en el 2025, añadió la congresista, es que el Gobierno tendría que sacar el 2 de enero otro decreto que suspenda gastos por los $12 billones que no tiene, en caso de que no se apruebe la ley de financiamiento, para la cual no hay mucho ambiente.
Reforma tributaria
Tras el hundimiento del presupuesto general del 2025 y que deberá salir por decreto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió al Congreso dar trámite a la ley de financiamiento o reforma tributaria con la que espera recoger $12 billones.
Bonilla, desde Nueva York, Estados Unidos, a donde viajó luego de la controvertida sesión del hundimiento del presupuesto, sostuvo que ahora le corresponde a las comisiones económicas darle discusión a la ley de endeudamiento, la cual es fundamental para cubrir el déficit con el que está el presupuesto del 2025 y que en las cuentas totales del gobierno llega a $523 billones.