A través de un comunicado la EPS Emssanar, hizo una denuncia pública sobre una serie de “ acciones judiciales irregulares de carácte sistemático”, que según la entidad de salud hacen parte de un ‘cartel de embargos’ con los que se pretende llevar a la liquidación de la empresa. “Replicando el mismo patrón que condujo a la liquidación de Medimas y Coomeva”, dijo el comunicado.
Asimismo, en el documento, la entidad denuncia una serie de “prácticas irregulares en las que estarían participando abogados, jueces y prestadores”. Para las directivas de Emssanar, esto representa un riesgo que impactaría a los más de 1.7 millones de afiliados que tiene la EPS en los cuatro departamentos del suroccidente del país.
En el comunicado, la entidad de salud también señaló que el impacto de la delicada situación también afecta la continuidad de los servicios para los afiliados, “restringe el flujo de recursos a la extensa red de más de cuatrocientas clínicas y hospitales vinculados a la entidad, así como a los proveedores, a más de mil quinientos empleados directos y un aproximado de 100.000 empleos indirectos, lo que podría significar la afectación socio económica de más de 400.000 personas de manera directa”.
Los denunciantes afirmaron que por ello es importante resaltar que este ‘cartel de embargos’ va “en contra de las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que determinó la medida de intervención forzosa administrativa para gestionar la EPS con el propósito de evaluar su viabilidad y garantizar su continuidad operativa”.
La denuncia de la entidad apunta que de dicho cartel participan hasta “jueces de la República, en aparente complicidad con redes de prestadores con carteras previas a la medida de intervención, y con glosas aplicadas por deficiencias en la prestación de los servicios de salud”.
En dialogo con una emisora radial, el agente especial de Emssanar, Luis Carlos Arboleda, se refirió a la compleja situación a la que hoy se enfrentan y lo que están haciendo para sacar de la crisis a la entidad que se encuentra intervenida por las acciones judiciales con las que se han embargado las cuentas de la entidad por pagos que corresponden a deudas anteriores al proceso de intervención.
“Algunos jueces están actuando en contra de lo que establece la norma, y por lo tanto las deudas anteriores a la intervención no pueden ser cobradas a través de esta modalidad”, dijo Arboleda.
Explicó igualmente que entre diciembre de 2023 y los meses de enero y febrero de este año (2024), se han registrado embargos por sumas exorbitantes que “acorralan a la empresa”. Además, se ha debido negociar varios pagos para evitar que derive en una crisis financiera y con ello se termine afectando la prestación de importantes servicios como oncología, atención a pacientes con VIH y maternas, entre otros.
El caso más reciente, sostuvo, tiene que ver con una medida cautelar por $30.000 mil millones, de los cuales solo $3000 millones son deudas posteriores a la intervención.
El funcionario señaló que se ha logrado corroborar una actuación sistemática del abogado apoderado de la clínica a la que se le adeudan los dineros, con otras entidades prestadoras de salud.
Señaló que estos casos ya fueron puestos en conocimiento de los entes relacionados con disciplina judicial, así como el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría.