Entre 2019 y 2024, el gasto de funcionamiento ha crecido $87,5 billones constantes, lo que representa un aumento real del 40% en tan solo 5 años. Así quedó evidenciado en un estudio realizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, donde se señala que el crecimiento desmesurado deja dudas sobre la distribución y sostenibilidad del presupuesto.
“En esta nueva investigación nos centramos en buscar respuestas a las causas del incremento observado en el gasto de funcionamiento. En específico, los gastos de funcionamiento han aumentado en $87,5 billones, de los cuales $72,1 billones son transferencias corrientes, $12 billones gastos de personal y $3,4 billones en otras cuentas. En otras palabras, cuatro quintas partes del aumento en gastos de funcionamiento corresponden a transferencias corrientes”, dijo Oliver Enrique Pardo, miembro del equipo de investigación.
Los $72,1 billones de aumento de las transferencias corrientes se desagregan así:
● El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) aumentó en $18,8 billones
● El Sistema General de Participaciones (SGP) aumentó en $13,7 billones.
● El gasto en salud creció $13,8 billones, de los cuales $9 billones se destinaron a financiar el esquema de aseguramiento en salud de la Ley 100 a través de la Adres y los $4,8 billones restantes a apoyar programas de prevención en salud en el orden territorial.
● Las prestaciones sociales asumidas por el Estado se incrementaron en $13 billones: $6 se destinaron a Colpensiones, $4 a las fuerzas armadas, $2 a profesores y $1 a otros regímenes de salud y pensión especiales.
● El resto de transferencias corrientes aumentó en $12,6 billones. Principalmente, se tratan de transferencias por fuera del SGP para gobiernos subnacionales y transferencias para fondos y entidades privadas que administran recursos públicos para financiar gasto social.
“El gasto público ha crecido considerablemente durante los últimos 20 años impulsado, por un lado, por el incremento de los ingresos de la Nación, y por el otro, por las constantes presiones sociales en bienes y servicios públicos necesarios como educación, salud, seguridad social, entre otros”, sostiene el informe.
Asimismo, señala que “si el Gobierno no cumple con la regla fiscal, para el 2025 habría una caída en la inversión de al menos $30 billones.
Recomendaciones
Teniendo en cuenta la información hallada, desde el Observatorio de Seguridad hicieron algunas recomendaciones para moderar los gastos:
● Dar mayor autonomía en el uso de los recursos del SGP y reducir la duplicidad de funciones entre la Nación y los Entes Territoriales.
● Priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, de manera que se redefina qué servicios o procedimientos médicos son esenciales y deben financiarse a través del sistema y cuáles no.
● Gravar a las pensiones con el fin de recuperar recursos que no son reducibles por el lado del gasto.
● Introducir cláusulas de escape que permitan ajustar el monto de las transferencias corrientes teniendo en cuenta las coyunturas de estrechez fiscal.
● Racionalizar las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual de los funcionarios públicos.
● Poner en marcha la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP).
● Estrechar la definición de gasto social.
● Implementar la presupuestación por programas y resultados.