El paro de transportadores despejó algunos interrogantes sobre quiénes son los que realmente llevan la carga de este sector en el país, a la vez que puso nuevamente sobre la mesa temas que desde hace tiempo afectan, especialmente, a los pequeños propietarios de camiones, que representan el 80 % de la flota. Entre ellos, la tercerización del servicio, los costos del Sice Tac, la sobreoferta de vehículos y las reivindicaciones laborales para los conductores.
Mientras grandes agremiaciones como Colfecar, Fedetranscarga y hasta la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se desmarcaron del paro, fueron las pequeñas asociaciones de camioneros, volqueteros, propietarios de buses de servicio público y hasta taxistas, quienes se tomaron las vías para exigir sus derechos.
¿Qué pasa en el sector?
Son varias las problemáticas que históricamente han afectado al sector transportador.
Por su parte, José Edison Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana, planteó otra. Para este líder gremial, el tema de combustible es muy relevante, pero dijo que hay otros puntos igual de importantes, como la regulación para todo el sector de transporte, lo que se conoce como el 1 a 1, y es que para matricular un carro nuevo, tiene que salir un carro viejo.
“Esto nos lo quitaron y solo sirvió para que los grandes empresarios metieran grandes flotas y se fueran apoderando del sector, lo que nos llevó a fletes de hambre y precarización laboral. Pero de eso no hablamos, porque lo que nos interesa son los combustibles, que es el negocio”, sostuvo Pava.
También hay debate sobre el Sice Tac (herramienta que busca calcular el costo de operación de los viajes de carga considerando el tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue). Según los transportadores, nadie cumple realmente con esas tablas, porque “con la oferta y la demanda le pagan al transportador lo que quieren”, afirmó Pava.
Pero, además, los transportadores aseguran que la carga liviana, que representa el 80 % del parque automotor del país, está por fuera de esa herramienta y no cuenta con una tabla de fletes.
“Nosotros somos los que vamos al campo, los camiones pequeños, las turbo, a recoger los cultivos, la papa, la cebolla. Si usted va a una central de abasto, está llena de carga liviana, de turbos y de camiones, y nos pagan lo que quieren, porque no tenemos una tabla de fletes”, reiteró.
Los camioneros también se quejaron de la lentitud en los procesos que adelanta la Supertransporte contra las empresas generadoras de carga e intermediarias y exigieron que realmente ejerza su labor de control y vigilancia.
En cuanto al combustible, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, aseguró que un alto incremento del diésel hace inviable la posibilidad de operar un camión en cuanto a costos operativos se refiere, los cuales hoy en Colombia están en 17,9 % cuando deberían ser del 12,9 %.
Solo el combustible representa el 40% del valor de la operación, más 12% los peajes, y 17 % en gastos del operario. “En estos tres item se va el 70 % del producido”.
Agregó que entre la industria cementera y de la construcción, la minería y el comercio, mueven el 70 % de la carga de país, la cual se hace en camiones. “El problema es que, a nivel económico, estas industrias también están en decadencia”, apuntó.
A lo anterior se suma una sobreoferta de camiones, en razón de la baja de la carga. Según dijo, se estima que en el país hay actualmente unos 450 mil camiones de carga. “Esta situación no permite que el generador de carga aumente el precio de los fletes, ante el alza de los costos de los transportadores”.
Entre tanto, Milciades Carrero, presidente de la ACC Seccional Valle del Cauca, insistió en que, aunque el Sice Tac es una herramienta bien diseñada, en la práctica no se aplica.
“Estamos en un sistema de libre mercado. Sí ha habido unos pequeños ajustes en los fletes, pero no compensan los costos de mantenimiento y operación de un vehículo”, enfatizó.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, con información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), durante el 2023 2405 empresas de transporte trasladaron mercancías en 152.424 vehículos, generando 10.697.208 manifiestos de carga, para un total de 135.964.213 toneladas. El traslado, tanto de carga sólida como de líquida, se realizó en 10.863.876 viajes.
Los acuerdos logrados
Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y los transportadores vuelven a generar esperanza de que muchas de estas problemáticas se solucionen. Esto, a partir de los catorce puntos que se pactaron esta semana, más allá de solo subir el precio del acpm en $ 800 en dos fases: $ 400, a partir del 7 de septiembre y otros $ 400 a partir del 1 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro, por ejemplo, resaltó que “hacer cumplir el Sice Tac es fundamental para democratizar los ingresos que genera el mercado de carga en el conjunto de los camioneros. Lo mismo que debe garantizarse un reemplazo de uno por uno. Un camión chatarrizado, un camión nuevo”.
Según el Gobierno, de las 10.000 empresas más grandes de Colombia, 107 son intermediarias del transporte de carga, las cuales tienen un patrimonio neto, suma de activos menos pasivos, de $ 2,7 billones y sus ganancias en el año 2023 fueron $ 188.356 millones.
“Las ganancias salen de cobrarles fletes a los generadores de cargas por un valor que es el doble que les pagan a los camioneros que realmente hacen el trabajo”, puntualizó Petro.
José Luis Prada, presidente del Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios, destacó algo que se logró esta semana y es que las discusiones se llevaron a cabo con la base camionera del transporte en Colombia en todas sus modalidades: especial, de pasajeros, de carga, por volquetas, por camabaja y maquinaria amarilla.
Prada tiene esperanza. “¿A qué se refiere la gente que dice que este acuerdo no sirve? Un logro tan grande y quieren deslegitimizar a las bases camioneras. ¿Por qué no reconocemos a la clase obrera camionera que son los que movemos la economía del país?”, manifestó.
Sanciones de la SuperTransporte
La entidad entregó un balance de la labor realizada a la fecha en el sector del transporte terrestre de carga, que ha dejado requerimientos a 3023 empresas por presuntos incumplimientos normativos y fallar 1483 investigaciones en primera instancia, con sanciones que ascienden a más de $ 40 mil millones.
Adicionalmente, se han abierto 257 investigaciones por el no suministro de información.