En octavo debate la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que busca aumentar los recursos que la Nación les transfiere a los departamentos, pasando las transferencias del 23,8% al 39,5%.
La iniciativa, que tendrá una aplicación de doce años a partir del 2027, ha generado múltiples reacciones de los diferentes sectores y centros de pensamiento económico, que siempre han alertado sobre las consecuencias fiscales que traería este proyecto.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aclaró que si bien “resta una ley de competencias que determinará cuáles son los gastos que se trasladarán a las entidades territoriales, persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de esta reforma”.
Para Mejía, el tamaño de las transferencias que se deberán dar en un periodo de doce años, equivaldrían al 3% del Producto Interno Bruto, PIB.
“Esta cifra es muy grande y generará mayores inflexibilidades en el gasto y apretará el limitado espacio fiscal con el que cuenta hoy el Gobierno Nacional”.
Asimismo, advirtió que esta reforma no aborda tres temas fundamentales para mejorar la autonomía y eficiencia del gasto a nivel territorial: el fortalecimiento de los ingresos tributarios, las capacidades institucionales a nivel local y el poco fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, para lograr que los recursos tengan el impacto deseado.
A esta opinión se unió el Centro de Estudios Económicos de Anif, que advirtió que esta decisión podría generar un aumento sustancial en las transferencias (que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes -ICN- de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo, conforme al Acto Legislativo 04 de 2007).
Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, consideró que “hubo poco debate y el Gobierno no tuvo en cuenta las apreciaciones entregadas desde los diferentes sectores que hicieron ver que, con la aprobación de este proyecto se lleva al país a unos riesgos fiscales demasiado graves”.
Resaltó que aunque en el informe de Anif sí destacaron como aspecto positivo el hecho de que darle más competencias a las regiones es una oportunidad para reducir las brechas regionales, esa descentralización se debe dar no solo gradual, sino que tiene que haber mayor claridad en la forma como las regiones van a asumir esas responsabilidades mayores.
“Se debió buscar una fórmula que fuera fiscalmente sostenible. El país tiene un cinturón muy apretado en términos fiscales. Al ir aumentando la participación dentro de los territorios, los gastos del Gobierno se van a apretar porque estos son poco flexibles”, agregó Salas.
Otros sectores
Para la representante a la Cámara, Katherine Miranda, esta es la peor reforma que ha pasado en el Congreso de la República en los últimos años. “Hoy el Estado no está en la capacidad de girar estos recursos”, recalcó.
Agregó que “este acto legislativo le va a costar al país nueve reformas tributarias, es decir $250 billones, plata que claramente no existe porque el presupuesto es inflexible para el próximo año en un 91%. Esta iniciativa es irresponsable y mentirosa con las regiones”.
La misma línea de opinión tiene el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien señaló que la aprobación del sistema general de participaciones siguió una lógica incorrecta. “Deberían haberse definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del nacional, y los costos de unas y otras, no definiendo primero los recursos. Se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales”, explicó.
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, señaló que este proyecto de acto legislativo no debió ser aprobado, sin embargo, considera que seguir hablando de cifras cuando ya el proyecto está aprobado “es llover sobre mojado, aunque se tenga claro que fue una iniciativa que nunca tuvo fortaleza en lo técnico; nunca hubo una demostración de al menos cuánto valía cada punto de ese aumento; cuánto puede estar generando para las regiones verdaderamente”.
El docente agregó que, en medio del panorama negativo hay una oportunidad y es que “el país pase definitivamente a corregir una irresponsabilidad absoluta que hubo de todas las autoridades a que durante 33 años de la Constitución del 91, nunca reglamentaron de manera clara y objetiva las competencias y responsabilidades producto del nuevo ordenamiento que se preveía en la Constitución”.