Asojuegos y Fecoljuegos, los gremios que agrupan a las principales empresas de juegos de suerte y azar en Colombia rechazaron las acciones emprendidas por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para lograr la aprobación del proyecto de ley de financiamiento, que obligaría a ese sector al pago de IVA.
Representantes de la agremiación señalaron que esta discusión debe tener un diálogo técnico y transparente, pero sin presiones y sin desconocer el funcionamiento del sector.
”Nuestro propósito ha sido informar de manera transparente y fundamentada sobre los graves impactos económicos y sociales que estas medidas generarían en una industria formal y regulada. Si esto es considerado presión, entonces estamos viendo vulnerado nuestro derecho a participar democráticamente y a exponer las consecuencias nefastas que traería este cambio de reglas, no solo para nuestro sector, sino también para los aportes a la salud de los colombianos”, afirmó Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.
Por su parte, Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, destacó las gestiones adelantadas ante la Dian y con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes para explicar en detalle el modelo matemático y económico del sector, además de “corregir cifras erróneas que no reflejan la realidad de la industria y contribuir a una toma de decisiones informadas”.
Así es como para ambos directivos resulta preocupante y lamentable la falta de apertura y entendimiento por parte de algunas entidades gubernamentales al señalar “el desconocimiento evidente sobre la actividad, lo que ha impedido establecer mesas de trabajo donde podamos demostrar, con mayor profundidad, la afectación que implicarían estas cargas impositivas para el sector”, afirmó Montero.
Los gremios de los juegos de azar señalaron que entre las principales preocupaciones frente a la reforma están el gravamen al segmento de juegos online con IVA, el incremento de la tarifa de IVA presuntivo en juegos localizados y la tarifa diferencial de ganancia ocasional del 25 %.
Argumentaron que la aprobación de la iniciativa afectaría gravemente su competitividad y representaría un retroceso en la formalización del sector, puesto que “incrementaría la carga tributaria del sector y fomentaría la marginalización e ilegalidad, contradiciendo los esfuerzos realizados para cumplir con las normativas vigentes”.
*Con información de Colprensa