El año apenas está iniciando, pero desde ya los colombianos comienzan a hacer cuentas y a ponerse al día con sus diferentes obligaciones como ciudadanos, en especial con los impuestos de esta vigencia del 2024, los cuales la mayoría ya se puede pagar en las oficinas de recaudo o mediante las plataformas de pago digitales.
“Por el cual se sustituye el capítulo 1 del título 10 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, con el propósito de determinar los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia de 2024″, dice el documento del decreto 2311 del 2023.
El mismo también indica que “Los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2023 serán los establecidos mediante los respectivos procesos de formación o actualización catastral”.
Sin embargo, se aclara que estos incrementos no se aplican a los predios a Bogotá D.C. ya que se dirige a los terrenos que no hayan sido objeto de actualización durante el periodo indicado.
“Los reajustes de que trata el presente capítulo no aplicarán para predios del Distrito Capital de Bogotá de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 601 de 2000, ni para los correspondientes a los catastros descentralizados, los cuales pueden decidir calcular un Índice de Valoración Predial (lVP) diferencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190de la Ley 1607 de 2012″.
El ajuste para el 2024 del impuesto predial es el siguiente:
- Predios urbanos: 4.51 %.
- Predios rurales: 4.51 %
- Predios rurales dedicados a la agricultura: 2.55 %
Impuesto predial en Colombia
El impuesto predial en Colombia es un tributo que grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural, y es recaudado por los municipios del país. Esta contribución se calcula basándose en el avalúo catastral de los bienes raíces y puede variar dependiendo de factores como el tamaño, la ubicación y el valor del inmueble.
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif el impuesto predial es una fuente significativa de ingresos para los municipios colombianos, destinada al financiamiento de servicios públicos, infraestructura y programas locales. Los valores a pagar se determinan mediante tasas establecidas por las administraciones municipales, las cuales pueden ser actualizadas anualmente.