Después de estar al frente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, en el Valle del Cauca, María Eugenia Lloreda, asumió la presidencia de la Asociación de Cultivadores de Caña, Asocaña.
La ejecutiva le expuso a El País las principales inquietudes que tiene la agroindustria de cara al futuro, entre ellos, la preocupación por el aumento de las importaciones de etanol subsidiado provenientes de Estados Unidos y la estigmatización del consumo de azúcar.
Argumenta que la caña no es el pasado del departamento, sino parte del futuro de la región por su potencial dentro de una nueva economía caracterizada por productos amigables con el medio ambiente y circular en sus procesos de producción.
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Estamos a menos de dos meses de que termine el 2019, ¿cómo le fue a la agroindustria de la caña?
Ha sido un año complejo para el sector. En materia de azúcar, entre enero y septiembre de 2019, la producción disminuyó 7%, se logró producir 1,67 millones de toneladas de azúcar, frente a 1,79 millones de toneladas del año pasado. En los meses recientes, gracias al aumento en la productividad y a mejores condiciones climáticas, la agroindustria ha incrementado significativamente sus niveles productivos y creemos que al final del 2019 lograremos que la producción esté cerca de los niveles alcanzados en 2018.
En cuanto al bioetanol, se proyecta que este año cierre con una producción de 440 millones de litros, lo cual es 5,6% menos que la de 2018. Las importaciones de etanol subsidiadadas provenientes de Estados Unidos han impedido tener una mayor certidumbre en el tamaño del mercado y por esto la industria no ha podido desarrollar su potencial, el cual es de más de 650 millones de litros anuales.
Y finalmente la generación de energía sigue consolidándose como un nuevo negocio del sector. Este año vamos a cerrar con una capacidad instalada de 319 Megavatios y hay proyectos en desarrollo que llevarán esta capacidad a 337 MW en 2020. Este año proyectamos generar 737 GWh de excedentes a la red, lo que significa un incremento de 1,5% frente el año pasado. Para ponerlo en contexto, estos 737 GWh son suficientes para atender las necesidades anuales de una ciudad como Pereira.
¿En este momento qué es lo que más inquieta al sector?
Hay varios temas, pero el más urgente en este momento es el aumento de las importaciones de etanol subsidiado proveniente de Estados Unidos. Esas compras han crecido cerca de 900 % en los últimos tres años. Por eso Fedebiocombustibles solicitó una investigación al Gobierno Nacional para buscar la aplicación de un derecho compensatorio para estas importaciones.
En mayo de este año, el Gobierno colombiano encontró razones para imponer un derecho compensatorio provisional de 9,36%, pero quedó demostrado que esa cifra no es suficiente porque durante los 4 meses en que la medida estuvo vigente (mayo a agosto), las importaciones de etanol aumentaron 60 % frente al mismo período de 2018. Los productores nacionales de etanol han solicitado un derecho mínimo de 20% para poder compensar las distorsiones de las importaciones subsidiadas.
¿Por qué es necesario que el Gobierno implemente ese derecho?
La industria invirtió US$1000 millones en el negocio de etanol y lo hizo para diversificarse y responder a una política del Gobierno que buscaba oxigenar la gasolina volviéndola más amigable con el medio ambiente, la seguridad energética del país y la generación de empleo.
Con el etanol importado no se está cumpliendo nada de esto, ni siquiera lo ambiental porque el etanol de maíz que viene de Estados Unidos tiene mayores emisiones de gases efecto invernadero y, por ende, una huella de carbono más alta que el etanol hecho con caña.
No pedimos cerrar las importaciones, solicitamos que el etanol de otras latitudes y de EE.UU. llegue sin precios distorsionados. La distorsión del subsidio al alcohol es tan fuerte, que países vecinos como Brasil y Perú han impuesto medidas contra el etanol estadounidense, al igual que China, India, y la Unión Europea. El resultado es que, en la actualidad, 4 de 10 litros de etanol que se consumen en el país son importados de Estados Unidos. Esperamos que el Gobierno defienda a la industria nacional porque de seguir esas importaciones el impacto en el sector sería muy alto, llevando incluso a cerrar varias plantas de etanol en el país, de las cuales dependen muchos empleos.
¿Cómo le ha pegado al sector la 'satanización' que existe hoy del azúcar, ha bajado la demanda?
El consumo a nivel mundial sigue aumentando, pero la tendencia de crecimiento ha declinado. No podemos seguir estigmatizando el azúcar como si fuera la culpable de todos los males de salud, es una posición simplista que no toma en cuenta las causas multifactoriales de la obesidad y las enfermedades no transmisibles. El azúcar es un alimento ancestral y la obesidad como problema de salud pública es reciente.
Otro punto importante es que el azúcar es un ingrediente natural, y como tal no tiene sustituto. Se intenta reemplazar con edulcorantes artificiales o con otros carbohidratos, grasas, preservativos y colorantes artificiales cuyo efecto calórico o nutricional es cuestionable.
La solución es el consumo adecuado no solo de azúcar, sino también de otros carbohidratos y grasas dentro de una dieta balanceada, y donde la actividad física juegue un papel primordial.
En el país también se han querido tocar los fondos de estabilización de precios del azúcar, ¿qué piensa al respecto?
El FEPA (Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar) es un instrumento de política pública que busca estabilizar el ingreso de los productores nacionales y defenderlos de la volatilidad del mercado internacional, causada por las distorsiones de los grandes jugadores mundiales.
Es importante aclarar algo. El sector tiene los más altos índices de productividad por hectárea a nivel mundial y bajo un mercado internacional que funcione bajo las leyes del libre comercio podríamos competir sin problema.
Pero con el mercado distorsionado que mencioné anteriormente por los subsidios de los grandes productores, de no tener estos instrumentos el clúster agroindustrial de la caña como lo conocemos hoy desaparecería y con él, los 286.000 empleos entre directos e indirectos y la sostenibilidad socioeconómica de todo el valle geográfico del Río Cauca, donde el 65% de las familias dependen del sector.
Ha habido mucha presión por parte de los industriales de alimentos para eliminar estos instrumentos porque dicen que mantienen alto el precio del azúcar en el país...
Si uno mira los precios internos de azúcar en Colombia, comparado con otros países, encuentra que están por debajo del promedio de una muestra amplia de naciones. Ningún país vende internamente al precio internacional porque es un precio distorsionado que no cubre los costos de producción, por lo cual cada territorio tiene una manera de estabilizar sus precios internos para dar mayor seguridad a los productores, transformadores y consumidores.
Otro elemento que se debe tener en cuenta es que cuando bajan los precios de azúcar a nivel interno, no necesariamente bajan los precios de los productos que utilizan el azúcar como insumo, ya que en el costo final de estos influyen otras variables. El azúcar es apenas una materia prima más que tiene un bajo peso en la estructura de costos de estos sectores.
La industria tiene presencia en el Cauca, ¿qué piensan de lo que está sucediendo en ese departamento?
Lo primero es manifestar nuestra solidaridad con las víctimas, líderes sociales y comunidades indígenas que han sido afectadas por los recientes hechos de violencia en el departamento. Sin duda se necesita mayor presencia de la fuerza pública comprometida con la seguridad en todo el territorio, que proteja la vida e integridad de sus habitantes, combata las actividades ilícitas y garantice el libre ejercicio del derecho a la propiedad privada.
Pero además de la fuerza pública se necesita una intervención integral del Estado en el territorio. Desde el sector privado estamos dispuestos a apoyar al Gobierno Nacional y trabajar conjuntamente en el desarrollo de una infraestructura para la producción, es decir, proyectos productivos, vías terciarias, sistemas de riesgo que desarrollen la producción agrícola y pecuaria. Un ejemplo concreto de este apoyo del sector privado es la construcción de una vía por el mecanismo de obras por impuestos entre Corinto y Toribío cuya ejecución ya empezó. Esta es una vía que las comunidades esperaban desde hace 40 años. Esto favorecerá la comercialización de más de 100 toneladas de productos agrícolas, además de servicios de salud, educación, entre otros.
¿En qué proyectos está pensando la agroindustria de la caña?
Esta agroindustria es mucho más que azúcar, también producimos biocombustibles y generamos energía y otros productos con base en la caña. Somos un gran clúster agroindustrial, único en la geografía y economía colombiana con 14 ingenios azucareros, 13 cogeneradores de energía, 7 destilerías de bioetanol, más de 2.750 proveedores de caña, 1 productor de papel (Propal), 1 empresa sucroquímica (Sucroal), más de 40 empresas de alimentos, y más de 10 empresas de gaseosas, jugos, vinos y licores.
Pongo este contexto porque las posibilidades de la caña son inmensas. Por ejemplo, en este momento la cogeneración se hace con bagazo pero se están empezando a utilizar otros residuos de la planta de caña como la hoja.
Igualmente, estos residuos sirven para producir muchos subproductos como aglomerados y abonos naturales, entre otros. Somos una industria que nos caracterizamos por tener una economía circular.
Además de estos subproductos, de la caña se pueden fabricar múltiples insumos amigables con el medio ambiente para la industria cosmética y de bioplásticos. En estos momentos, cuando los productos biodegradables y el aprovechamiento de los residuos se vuelven cada vez más importantes, la agroindustria de la caña se vuelve protagonista de esta nueva bioeconomía.
¿Por qué aún hay quemas de caña?
”Hemos pasado de tener el 70% de quemas controladas al 35%, gracias a que hoy tenemos el 65% de los cultivos mecanizados y estamos gradualmente mecanizando el 35% restante. Entendemos que las quemas son molestas para la población y estamos trabajando en el tema. Sin embargo, estas son necesarias para que el cortero de caña haga su labor, no hacerlo pondría en riesgo su seguridad. El proceso de mecanización tiene que ser gradual, hay 8500 corteros cuyos empleos debemos proteger”.
”Otro factor que debemos tener en cuenta es que las quemas no afectan la salud de las personas. Precisamente se cuenta con un seguimiento epidemiológico diario donde se demuestra que no hay correlación entre las áreas quemadas, el material particulado y las consultas por salud respiratoria, registradas en los centros de salud de todos los municipios donde tenemos área sembrada la caña”.