Así lo aseguró el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro en su más reciente columna de opinión para El País.
La globalización transformó el escenario para los sectores de bienes transables. En el sector agrícola implicó el fortalecimiento de políticas en países donde la producción de alimentos y el desarrollo territorial son importantes. El alcance de esas políticas depende del ingreso de los países y los más desarrollados otorgan subsidios directos a sus agricultores, asignan cuotas de producción e imponen barreras arancelarias y no arancelarias. Empresas multinacionales participan también como especuladores del mercado de futuros de alimentos. Ante esto y los efectos del cambio climático, es clara la imperfección del mercado mundial, que deriva en el abandono y subutilización de tierras fértiles en países en desarrollo. Por ello, la política estatal es fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos, la ocupación lícita y productiva del territorio y el desarrollo sostenible. Este año ha sido evidente el efecto del proceso de globalización en el agro, mostrando que no es deseable el ajuste arbitrario de políticas que resguardan el interés sobre el campesinado y los alimentos. Varios subsectores, como el cañicultor, cuentan con el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, y los Fondos de Estabilización de Precios para hacer frente a las distorsiones del mercado mundial. El SAFP beneficia a los consumidores nacionales, al permitir que las importaciones se realicen sin arancel, como sucedió en los años de precios altos. Ante precios bajos, el arancel se ajusta y protege a cultivadores, procesadores y trabajadores en cinco departamentos del suroccidente. El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, FEPA, fue creado en el 2000 por el Gobierno ante las condiciones del mercado nacional que llevaron a ingenios y cultivadores a una situación que puso en peligro la estabilidad laboral de miles de personas. Los Fondos de Estabilización son una intervención del Ministerio de Agricultura en la economía en cumplimiento del mandato constitucional de proteger la producción de alimentos. El derecho a la competencia, consignado en la Ley, no rige cuando el Estado interviene en la economía. La finalidad del FEPA es proteger a los productores contra oscilaciones anormales de precios, procurar un ingreso remunerativo para los agricultores y regular la producción nacional. El Fondo beneficia a 188 mil trabajadores, a los consumidores y a la industria que utiliza este insumo. La agroindustria de la caña soporta el cluster conformado por 2700 cultivadores y un sinnúmero de empresas y proveedores que hacen grandes aportes al fisco de los municipios y de la Nación. Hay una estrecha relación entre el azúcar y la panela. Las importaciones de azúcar subsidiado pueden arruinar a 350 mil familias dedicadas a la actividad panelera en 27 departamentos arriesgando la estabilidad del País. El SAFP y el FEPA deben conservarse sin modificaciones. De lo contrario, el bienestar de 2 millones de colombianos se verá afectado. Además, la agroindustria no podría desarrollar las alianzas público privadas para programas sociales y ambientales como la Red Educativa Azucarera (14.000 estudiantes), Familias con Bienestar (10.000 familias y 15.000 niños) y la conservación de 16 cuencas en Cauca, Valle y Risaralda beneficiando a 2 millones de personas. En la actual coyuntura, debe reconocerse que el Sector Azucarero es un patrimonio social de los colombianos.