El reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) llama de nuevo la atención sobre la difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno Nacional Central (GNC) de Colombia. Según el informe, los ingresos de 2024 estarán $74,1 billones por debajo de lo programado, lo que equivale al 4,3% del PIB. Este déficit, sumado a las inflexibilidades del gasto público —como intereses, pensiones y subsidios—, plantea un reto para cumplir con la regla fiscal este año.
El CARF destaca que, aunque el Gobierno ha mostrado compromiso con la sostenibilidad fiscal, las medidas anunciadas hasta ahora son insuficientes. Se han tomado acciones, como aplazar y reducir el gasto por un total de $25 billones, pero esto deja un faltante de $31 billones para cumplir con la regla fiscal.
El CARF no se pronunció sobre los datos del PIB publicados esta semana. Preocupa que el crecimiento proyectado del 1,7% para 2024, estimado por el Ministerio de Hacienda, parece cada vez menos alcanzable. Esto no solo afecta las proyecciones económicas, sino que, al tener un PIB más bajo, el déficit fiscal como porcentaje del PIB se verá mayor. Por ese lado, los supuestos de las cuentas fiscales tampoco cuadran.
Para 2025, los retos no son menores. El CARF proyecta un riesgo de menor recaudo de que obligaría a un ajuste del gasto de $39,1 billones. La viabilidad de estas cifras depende, en buena medida, de la aprobación de una Ley de Financiamiento que aún está en debate y representaría, según las cuentas del Gobierno, $6 billones. La CARF, así como lo han hecho diversos analistas, le llama la atención a la administración sobre la necesidad de hacer cuentas menos optimistas de ingresos y ajustarlos para no comprometer la credibilidad del país en los mercados internacionales.
Las recomendaciones del CARF son claras y concuerdan con la mayoría de los analistas. Por un lado, se requiere un ajuste fiscal estructural más allá de las medidas de corto plazo de recorte de gasto cuando ya se está terminando el año. Las cuentas del próximo año deben ser claras y realistas. Asimismo, es necesario trabajar en medidas de mediano plazo que implican reducir las inflexibilidades del gasto, fortalecer la capacidad de recaudo y adoptar un patrón de gasto que este acorde con nuestro nivel de ingresos.
La regla fiscal, más que un mandato técnico, debe ser vista como un compromiso ético para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Los retos son inmensos, pero también lo son las oportunidades para construir una política fiscal que inspire confianza y marque el camino hacia un desarrollo sostenible del país.
*Profesor. Departamento de Economía, Universidad Icesi.