Diferentes gremios del país presentaron sus argumentos por los que rechazan el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno. Los pronunciamientos se dieron en una audiencia convocada por los ponentes de la iniciativa en la Cámara de Representantes.
En el evento el Gobierno Nacional también tuvo la oportunidad de defender el proyecto. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se están buscando recursos adicionales, pero corrigiendo errores del estatuto tributario.
“Es fundamental reducir la tarifa de renta corporativa, eso es corregir un error que viene de tiempo atrás, bajar la renta de 35% a un promedio de 27%, con diferencias, según el tamaño de la empresa, y en un periodo de 5 años, es gradual”.
Reiteró el funcionario, que las organizaciones se ahorrarán con esta medida $8 billones para el año 2030.
Sobre el régimen simple, que muchos gremios plantean que se mantenga, dijo Bonilla que no ha dado resultados, pues muchas personas naturales se trasladaron al régimen simple y las empresas no se formalizaron.
“Una persona natural, que no es asalariada, con ingresos mayores, termina pagando menos impuestos que un asalariado, generando una desigualdad tributaria. Por eso es la propuesta de eliminarlo”. También defendió algunos estímulos que se otorgan en el proyecto de ley que busca recaudar $12 billones, pero que en realidad serían unos $7 billones, debido a que el resto del dinero se daría por el anticipo de la regla fiscal en 2025.
¿Qué dijeron los gremios?
La audiencia liderada por el representante del Valle, Christian Garcés, tuvo una amplia participación de gremios.
Desde Colfecar, por ejemplo, destacaron que la ley de financiamiento contiene artículos positivos como el de disminuir el impuesto a la renta para las empresas y la ampliación de los beneficios para la renovación del parque automotor.
Pero rechazaron el aumento en el impuesto al carbono que consideran generará “un alto impacto económico en el sector transporte terrestre de carga. Adicionalmente, impactará la inflación, debido a que el 97% de la carga se mueve por carretera”.
“De acuerdo con esta ley se propone un incremento en el precio final del galón diésel de $ 487, que se sumarian al alza en el pasado septiembre de $400 y el que se ejecutará en diciembre de $400, llevándonos a un incremento de $1287 por galón, lo que tendría efectos sobre el costo logístico nacional que a 2022 fue de 17% sobre el porcentaje de ventas”, argumentaron.
Por su parte, Germán Montoya, director económico de Asobancaria, comentó que es positivo el avance en la reducción del impuesto de renta de personas jurídicas, pero dijo que desde el sector financiero no se pueden ver las cosas desde una sola orilla. “Vemos que el impacto general, para el desarrollo de la inversión y de la productividad, a nivel de agregado, es nocivo y daría un golpe a la recuperación frágil de la economía. Creemos que llega en un momento poco oportuno cuando la economía apenas se recupera”.
De igual forma, José Ignacio López, presidente de Anif, aseguró que la ley de financiamiento no es conveniente para el país ni para el Gobierno “y esperamos que el Congreso no la pase porque dejaría más deuda, impuestos que van afectar a los colombianos y menores ingresos que no harán la diferencia”.
Agregó, por ejemplo, que el aumento del impuesto al carbono se trasladará al bolsillo de los colombianos, que anticipar la regla fiscal es algo incierto porque aún no sabe cómo será el cierre definitivo del año y cuál será el saldo de la deuda.
“El recaudo proyectado de la ley de financiamiento sería de $6,4 billones, pero en realidad podrían ser solo $4,4 billones porque $1,6 billones se calculan por mejoras de la Dian que no se sabe si se lograrán”, recordó.
Asimismo, Ana María Zamora, representante de Asociación Colombiana de Minería, comentó que no es conveniente avanzar con la propuesta porque no promueve la reactivación económica,y genera incertidumbre y provocará baja en inversión.
“Gravar activos improductivos es algo taquillero pero puede generar incentivos perversos, la sobretasa al carbón no corresponde a la realidad, generar excepciones a la regla fiscal no es conveniente. Se deben adoptar políticas para generar confianza, mayor atracción de capital y generación de empleo”.
Otras propuestas
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, dijo que es urgente que en el país se baja la tasa corporativa (35%), porque afecta la competitividad y la inversión “en forma grave”.
Agregó que el problema se agrava por el error cometido en legislaturas pasadas de haber impuesto injustificadamente una sobretasa a ciertos sectores, como el asegurador, “lo que eleva nuestra tarifa en imprenta a un impresentable 40%, sin considerar que nuestro sector no realiza una actividad que se quiera desestimular, ni ha tenido ganancias que se puedan considerar exorbitantes”.
El gremio propuso eliminar las tarifas diferenciales de la propuesta y que se tenga una tarifa general y única del 30%.
Desde Colfecar pidieron que antes de hacer una Ley de Financiamiento, se requiere una evaluación del desempeño de las entidades gubernamentales y priorizar la ejecución de los programas existentes. “La baja ejecución, especialmente en inversión, retrasa la implementación de programas y sectores estratégicos del plan de gobierno, en un entorno de desaceleración económica en donde el gasto público debe mostrar su mayor efectividad”.
Agregaron que el sector transporte no aguanta un sobre costo más “y los colombianos no aguantamos un impuesto más, en los últimos 34 años el país ha sufrido 21 reformas tributarias, lo que solo contribuye a generar una mayor incertidumbre ahuyentando la inversión privada, no podemos pensar en el largo plazo como país, si no se garantiza la seguridad jurídica, la seguridad energética y la seguridad física”.
Asimismo, desde el Consejo Gremial Nacional consideraron que no es conveniente presentar una nueva reforma tributaria y mucho menos en las condiciones económicas actuales. “La reforma del 2022 impactó de manera negativa la economía y la tasa de inversión experimentó una disminución”.
“El proyecto, tal como está, nos parece inconveniente e inoportuno para impulsar la reactivación económica. Al aumentar la carga triburtaria y generar incertidumbre, podría frenar la inversión y el crecimiento, lo que a la larga perjudicaría a todos”.
La propuesta de los gremios es que el Gobierno ajuste sus ambiciones fiscales a la realidad económica, garantice la sostenibilidad de las finanzas, por ello, creen que el proyecto debería centrarse en la promoción de la inversión privada y la confianza inversionista.