El Gobierno Nacional ratificó que no tiene recursos adicionales para ejecutar el proyecto Mulaló-Loboguerrero, obra clave para el Valle del Cauca y que a pesar de tener un contrato desde 2015 no se ha hecho.
En carta enviada por el concesionario de esta obra, Covimar, a la Contraloría General de la República, reiteran que mantienen su firme decisión de colaborar con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para la ejecución de las obras, y que para esto han venido cumpliendo “todas sus obligaciones contractuales con aportes de capital de los socios que han sido usados para los temas ambientales, compra de predios, consultas con las comunidades, pagos de la interventoría designada por la ANI, elaboración de estudios y diseños incluido el estudio de impacto ambiental, entre otras actividades que hoy superan el monto mínimo del contrato”.
Según Covimar, durante varios años se han reunido con el Gobierno y con gremios de la región, en donde han expresado que tienen el interés de solucionar los problemas y buscar el equilibrio económico del contrato, que se perdió “por la demora exagerada e inusual”, en temas como las consultas con las comunidades y en la aprobación de la licencia ambiental.
En la misiva hacen un extenso recuento de la historia del proyecto. Por ejemplo, recuerdan que el Tribunal de Arbitramento, en el Laudo de abril de 2023, sugirió que la demora de 7 años en la obtención de la licencia ambiental afectó gravemente el equilibrio económico del contrato por “circunstancias ampliamente explicadas a la ANI, entre las que se destacan el incremento de los costos tanto de operación como de capital muy por encima de la inflación, así como la pérdida de valor de los aportes ANI”.
Aseguró la gerente de Covimar, Adriana Fawcett Vargas, en la carta, que un informe técnico elaborado por una firma independiente, previamente aprobada por la ANI, y un informe financiero elaborado por un perito definido por dicha entidad, quien trabajó de manera confidencial sobre el modelo de estructuración del proyecto, demostraron el desequilibrio del contrato por tiempo transcurrido desde la firma del contrato, “por causas ajenas a la voluntad de la concesionaria”, que motivaron exageradas demoras, mayores incluso al plazo total establecido en el contrato para la ejecución de la obra, y la necesidad de aporte de recursos adicionales por parte de la ANI”.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le manifestó a la ANI en carta de agosto de 2022 la imposibilidad de aportar estos recursos adicionales.
Posteriormente, contaron que se hicieron nuevas reuniones e informes y que finalmente en agosto 14 de 2024 el Presidente de la ANI le solicitó al Ministerio de Hacienda recursos adicionales para poder desarrollar el proyecto, con base en un escenario muy básico propuesto por la misma entidad. Pero el Minhacienda contestó que “no cuenta con recursos adicionales para asignar a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, por lo que prácticamente cierran las puertas.
Alberto Mariño, presidente de Proindesa, del grupo empresarial de la concesión, comentó que Covimar ha invertido desde el año 2015 más de $370.000 millones, sin incluir el valor de equipos que se han mantenido disponibles para la ejecución de la obra.
Aseguró que la ANI debe recomponer los fondos de contingencia de riesgo geológico e ingresos de peaje, pues lo inicialmente planteado no alcanzaría ahora.
“Si el Gobierno no tiene la plata para restablecer el equilibrio del contrato, y para ajustar los fondos de contingencias de este, lamentablemente el contrato deberá liquidarse, pues esta situación implica que el proyecto no es atractivo para las entidades financieras y se hace inviable”, dijo.
Asimismo, comentaron en carta a la Contraloría que “no encontramos que haya disponibilidad fiscal y política para el restablecimiento económico del contrato. Covimar manifiesta una vez más su mayor disposición y voluntad para lograr los acuerdos que permitan la reactivación total del contrato en el menor tiempo posible, o buscar una solución que le permita al Valle del Cauca contar con la ejecución de este proyecto tan importante para el país”.
Advertencia de la Contraloría
Hace unos días la Contraloría General de la República advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda el alto impacto económico que ocasionaría la terminación anticipada del Contrato de Concesión proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, en el Valle del Cauca.
El ente de control manifestó su preocupación puesto que la terminación anticipada del contrato de concesión implicaría que la Nación tenga que pagar una suma aproximada de $700.000 millones, sin haber recibido a cambio ni un metro de vía, por unos estudios y diseños en Fase III, que podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo; unos predios adquiridos a lo largo de los 32 km que tendrá está vía que habría que resguardar y que podrían verse afectados por algún cambio posterior del diseño; y una licencia ambiental en cabeza del actual concesionario, que tendría que ser cedida a la Nación, sin que se hayan evaluado adecuadamente los costos de sus compromisos y los pasivos actuales.
Además de esto, dejando al departamento del Valle del Cauca sin la ejecución de uno de los proyectos viales más ambiciosos y de gran beneficio para el desarrollo económico del departamento. Este corredor vial mejoraría la competitividad y además reduciría en 52 km y 1,50 horas de tiempo, respecto de la longitud y duración del recorrido por el actual corredor vial Cali-Mediacanoa- Loboguerrero.