La Asociación Colombiana de Minería, ACM, reveló que cuatro empresas mineras extranjeras se irán de Colombia debido a la crisis económica y de seguridad que está atravesando el país. Además, a eso se le suma la entrada en vigencia de la reforma tributaria.
“Ya hay compañías que, producto de la incertidumbre económica y motivos de seguridad han frenado sus actividades”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
El directivo también alertó que una serie de señales negativas en el entorno económico, como las propuestas de los proyectos de ley de Gobierno, así como la inseguridad para operar en la región han llevado a que cuatro mineras de oro y cobre hayan detenido su operación.
Lo anterior, se ha dado en lo corrido de este 2023, en medio de los atentados que han sufrido las operaciones de Zijin Continental Gold.
El efecto, según Nariño, podría ser una menor destinación en inversiones. La contracción podría ser de entre 35 millones y 45 millones de dólares, aseveró.”Eso suena poquito, pero invertir esa cifra no es fácil”, afirmó.
Señalaron que esos proyectos detenidos corresponden a exploración de minerales estratégicos para la transición, por ejemplo, de cobre. La ubicación de estos proyectos se encuentran en Antioquia, Caldas y el sur del país, pero no mencionó ningún nombre en específico.
Situación en Zijin Continental Gold
El pasado 17 de mayo se presentó un atentado en una mina ubicada en Buriticá, en el departamento de Antioquia, todo esto mientras se realizaban algunos operativos contra la minería ilegal. La mina fue atacada con un cilindro cargado de explosivos mientras se realizaban algunos operativos contra la minería ilegal.
Después del atentado, la senadora, María Fernanda Cabal publicó la carta que la empresa le habría enviado al Gobierno Nacional desde enero de 2023, cuando tomaron la decisión de alertar al Estado por los ataque que grupos al margen de la ley realizaban en esa zona.
La minería ilegal ejercido por el Clan del Golfo, habría sido la razón del ataque. En la carta, la empresa manifestó su preocupación frente al riesgo que corrían las personas que estaban trabajando de manera legal en la mina.
En el documento expuesto por la compañía se solicitaba la “intervención urgente” del Estado, debido a que a pesar del apoyo que se había recibido de las autoridades locales, el control que el Clan del Golfo tiene en la zona se estaba convirtiendo en un tema inmanejable, sobre todo contener la actividad de minería ilegal que con el pasar del tiempo aumentaba más. Esto ponía en riesgo la vida de los trabajadores, contratistas y funcionarios públicos que desempeñaban sus labores en la zona.
Además de esto, detallaron que entre las zonas en que se divide el área minera de la empresa, es en la alta, en el túnel de Yaraguá, el sector que más afectado se encuentra por la minería ilegal. Sin embargo, en ese entonces, la invasión ya estaba llegando hasta la zona media, en el túnel Rampa Sur, lo que claramente obligó a la compañía a abandonar sus labores en esas dos áreas.
“Se calcula que durante el año pasado se utilizaron alrededor de 100 toneladas de explosivos ilegales, de los cuales el 70 % fueron fabricados por Indumil”, se informó en el documento.
De esa misma manera, comunicaron que anualmente se extrae de manera ilegal 1,5 toneladas de oro, lo que le representa al Estado en pérdidas (con cálculos para el cierre de 2021) equivalentes a 84 millones de dólares por robo de materiales explosivos, tres millones de dólares que dejan de recibir en regalías, 11,8 millones de dólares por impuesto de renta y dos millones de dólares por autorretenciones.