El cese de actividades que adelantan en todo el país los trabajadores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) tiene frenado el mercado inmobiliario en todos los segmentos (residenciales, comerciales, oficinas, bodegas y lotes), lo que impacta también el proceso de reactivación.

El paro empezó el pasado 28 de octubre y durante estos quince días se ha agravado la operación del servicio público registral en Colombia, toda vez que impacta el acceso a vivienda, la financiación hipotecaria y el cierre de negocios en otros segmentos.

Como se recordará, la labor principal de la ORIP es el registro que se debe realizar a los bienes inmuebles, efectuando el radicado y así legalizar y hacer público el nombramiento de los propietarios.

De acuerdo con Camacol, el freno de las inversiones en vivienda nueva en el país equivale a $1,6 billones y se ha puesto en riesgo el acceso a la vivienda formal de 8.000 familias colombianas.

1.076 negocios relacionados con compras de vivienda en el Valle del Cauca no se han podido radicar en la oficina de registro por cuenta del paro de los trabajadores.

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En el caso del Valle del Cauca, $152.000 millones de inversión en vivienda nueva se han frenado, y 1.076 familias han dejado de recibir su vivienda oportunamente. Igualmente en el campo de vivienda usada y otro tipo de inmuebles, la afectación alcanza $93.000 millones.

El gremio de los constructores y la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y el Valle del Cauca hicieron un llamado prioritario para que las autoridades competentes actúen y garanticen el restablecimiento del servicio público registral.

“Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región y un retroceso en la política de vivienda”, sostuvo Alexandra Cañas, gerente de Camacol, Valle.

Así mismo, voceros de la Lonja de Propiedad Raíz afirmaron que esta parálisis del servicio registral tiene efectos negativos en los demás sectores de la economía, ya que todos los actos, contratos, decisiones contenidas en escritura pública que generen cambios de dominio u otro derecho real sobre bienes inmuebles deben surtir el respectivo procedimiento ante las ORIP, por tanto, no garantizar la continuidad de este servicio va en contra de la Ley 1579 de 2012 en la que se consagra que: “…el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado…” y por tanto requiere prioridad, continuidad y eficiencia en su prestación, en todo el territorio nacional.

Francisco Maltes, presidente de la CUT en el país, dijo que el paro es un rechazo a la privatización de algunos servicios y al incumplimiento de acuerdos laborales. “Estamos pendientes que surtan efecto las conversaciones que se han tenido con el Ministerio de Trabajo. Con la Viceministra hemos conversado y ella tiene las propuestas que le pasamos. Estamos esperando las respuestas para llegar a un acuerdo”, dijo. El sindicato pide soluciones al problema de personal de la entidad.

El País intentó comunicarse con Francisco Vélez, líder de la oficina de registro de instrumentos públicos en Cali, pero no pudo atender el llamado.