El texto del proyecto de la reforma tributaria sigue siendo ‘peluqueado’ y su estimación de recaudo para el primer año bajó a entre $19 billones y $20 billones a medida que se le implementan cambios para su aprobación final.

La nueva meta de recaudo muestra una reducción de alrededor de $5 billones frente a la previsión original, lo que a juicio de algunos economistas podría afectar la inversión y la ejecución de algunos programas claves, como el del subsidio a la tasa para los créditos de vivienda.

Inicialmente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, planteó que en el primer año de vigencia de la reforma se obtendrían $25 billones. Luego, con los primeros ajustes, se bajó a $22 billones, y ayer volvió a reajustarse y ya se habla de unos $20 billones por cuenta de la eliminación de la posibilidad de gravar las mesadas pensionales de $10 millones en adelante, entre otros.

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La decisión se tomó el martes pasado en una reunión entre los congresistas ponentes y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Tras el encuentro, el Jefe de Estado anunció que ya no se gravarán dichas pensiones. De igual manera se acogió la nueva fórmula propuesta para los impuestos a los hidrocarburos.

Es de anotar que el Gobierno no logró las mayorías necesarias para apoyar el impuesto a las pensiones más altas del país. La medida afectaría a unas 16.000 personas que, según Colpensiones, hoy reciben más de $10 millones de mesada al mes, y en los fondos privados, 800. Eso equivale a 1% de todos los pensionados, de hecho, por esto mismo se trataba de una carga que no habría afectado a una gran masa de colombianos, pues el Ministerio de Hacienda estimaba en $300.000 millones el monto que aportaría ese punto a la tributaria.

En relación con el tema de los impuestos para hidrocarburos, se planteó la idea de gravarlos dependiendo de sus precios internacionales.
El Gobierno decidió eliminar el beneficio tributario, lo que significa que las empresas del sector no podrán deducir las regalías de su impuesto de renta.

“Se mantiene que las regalías, en el sector minero que las paga, no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo de la Nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad del territorio”, dijo el presidente Petro.

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Impacto en inversión y programas

Algunos economistas opinan que la puesta en marcha de proyectos de inversión y ejecución de programas sociales previstos por el Gobierno Nacional cuentan con recursos que los otorga la reforma tributaria, pero ahora con una reducción de $5 billones, se ponen en riesgo.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, dijo que el reinicio y sostenimiento del programa Mi Casa Ya, que otorga un subsidio en la cuota de los créditos hipotecarios, depende de los recursos que se perciban de la reforma tributaria.

En ese sentido, los constructores le hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el programa vuelva a prender motores.
“Para este 2022 se tenía una asignación de 65.000 subsidios. Vamos a continuar y a disponer de los recursos, pero el monto de los subsidios del 2023 depende de la reforma tributaria”, dijo la Ministra.

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20
billones de pesos es la nueva meta de recaudo de la reforma tributaria, según el Gobierno.

En cuanto al porcentaje que entregará la reforma tributaria al programa Mi Casa Ya sostuvo que eso está en discusión porque la reforma lo que hace es disponer unos recursos y es en el Plan de desarrollo donde se hace la distribución por prioridades. “Esperemos que el monto sea suficiente para cumplir con las prioridades”, señaló.

Otro tema complejo surge de los cuestionamientos que han hecho los mismos empresarios. Un informe de Corficolombiana advierte que la reforma tendrá ‘efectos adversos’ sobre el crecimiento económico del país y sobre el sector minero-energético, lo que se traducirá en una menor dinámica de recaudo a mediano plazo.

El economista Miguel Ruíz sostuvo que el proyecto de reforma tributaria apenas pasó el primer debate y considera que aún faltan puntos por resolver, como el controvertido impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, lo que significa que podría seguir bajando el recaudo.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, los pequeños negocios y tiendas de barrio ya no asumirían el impuesto, pero aún así, algunos analistas dudan de eso. “Habría que esperar cuando la reforme entre en vigencia”, dijeron.