Una auditoría financiera llevada a cabo por la Contraloría General de la República reveló que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron escapar una suma de dinero pública de $119.497 millones.
Esta pérdida de fondos se atribuye a una deficiente gestión de cobro relacionada con las inversiones realizadas en la ejecución de dos contratos de Estabilidad Jurídica suscritos en 2010.
Los acuerdos fueron establecidos con las compañías de telecomunicaciones, entonces conocidas como S.A. de Comunicaciones Celulares y S.A. de Telmex Colombia, que más tarde se fusionaron y operaron bajo la marca Claro.
El organismo de control informó en un comunicado de prensa que se encontraron 25 irregularidades administrativas en este caso, dos de las cuales tienen implicaciones fiscales, una por $114.003.240.000 y otra por $5.494.644.237.
Además, el informe señala la existencia de siete irregularidades con posibles implicaciones disciplinarias. Estas serán remitidas a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, así como a la Procuraduría General de la Nación.
En relación con el primer hallazgo con implicaciones fiscales, el informe de la Contraloría indica que se constató una falta de eficacia en las gestiones de cobro del ajuste por concepto de inversiones adicionales realizadas por los contratistas, de acuerdo con la Prima de los Contratos de Estabilidad Jurídica EJ-08-2010 suscritos entre el MinTIC y las dos empresas de telecomunicaciones.
La entidad concluyó que debido a la falta de gestión en el cobro de este ajuste, la cual correspondía a esta cartera ministerial, se generó un perjuicio al patrimonio nacional por un valor de $114.003.240.000.
Esto se debe a que el Ministerio de las TIC, en calidad de suscriptor del contrato, tenía la potestad de iniciar de manera oficial el proceso de recaudo. Sin embargo, en el momento de la auditoría, no había llevado a cabo las acciones necesarias para llevarlo a cabo.
“Tal hecho conllevó a que no se lograra el recaudo efectivo de los recursos en favor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene registrado en sus estados financieros la cuenta por cobrar, que de conformidad con los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda corresponde al portafolio 333 que hace parte de las arcas de la Nación”, indicó la entidad.
El ente de control también destacó que, de haberse recaudado oportunamente, estos fondos podrían haber sido utilizados para financiar proyectos y programas de alcance nacional.
De acuerdo al segundo hallazgo en la auditoría, el reporte señala que “por la falta de oportunidad en la gestión de cobro coactivo por parte del MinTIC, la cuenta de orden que figura en el Mincomercio en sus estados financieros contra la sociedad sancionada WILCOS SAS, por un valor total de $5.494.644.237, prescribió”.
Al no poder llevar a cabo el cobro en este momento, esto implica una pérdida equivalente al valor total de la deuda, incluyendo los intereses que no se recibieron.
Frente a esta situación, el delegado de control para el Sector de Comercio y Desarrollo Regional, Sigfredo Tobón López, afirmó que tanto el Ministerio de las TIC como el Ministerio de Comercio, “no actuaron conforme a los principios de la función administrativa y desconocieron el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas”.