Con el ánimo de contribuir en la defensa del empleo, un pequeño grupo de académicos le propondrá al Gobierno Nacional que subsidie el salario mínimo de los trabajadores de los sectores que hoy están paralizados por la cuarentena.
La propuesta señala que para aquellos empleados que ganen más del mínimo se les reconozca el primer salario mínimo.
Dicha iniciativa está contenida en una estrategia que se conoce con el nombre de ‘Una estrategia para la defensa del empleo y la estabilidad de la economía’.
Los responsables de la sugerencia son Jorge Humberto Botero y Eduardo Lora, quienes explican que “el subsidio se concederá a través de las empresas, siempre y cuando mantengan el empleo. Para financiarlo el Gobierno podrá acudir al Banco de la República de donde provendrían los recursos para financiar el subsidio al empleo”.
Los académicos destacan que todas las medidas del Gobierno y el Banco de la República para que las empresas obtengan recursos de financiamiento para sufragar sus gastos de operación durante el aislamiento son acertadas y subrayan que la empresa típica colombiana solo cuenta con recursos para pagar unas pocas semanas de nómina.
Destacaron que un estudio mundial de JP Morgan Chase señala que al 25% de las Pymes los recursos líquidos sólo les alcanzan para pagar sus gastos regulares durante 13 días. Otro 25% de las empresas puede sobrevivir más de 62 días sin financiamiento adicional.
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Luego de hacer un extenso análisis no solo del panorama local y externo, los académicos manifestaron que para que el Gobierno pueda comprometerse con gastos adicionales en la crisis actual debe asegurar recursos futuros, de forma que no se comprometa la solvencia fiscal ni externa.
Sobre el Emisor
“Puesto que no establece ninguna fuente adicional y segura de recursos, son difíciles algunas de las propuestas de emisión primaria y de ‘utilizar las reservas’ que han hecho varios analistas. Sin embargo, nuestra propuesta coincide con las de ellos en un sentido muy importante: no hay por qué descartar posibilidades innovadoras de financiamiento que involucren al Banco de la República. En todo caso, tal cosa solo es posible con la aprobación unánime de los miembros de su Junta de Directores”, dicen.
Agregan que su propuesta de financiamiento no descarta que el Gobierno acuda a las entidades multilaterales de crédito para obtener financiamiento de largo plazo.
“Nuestra preocupación es que las multilaterales toman mucho más tiempo del que hay disponible para salvar el empleo y evitar la destrucción de numerosas empresas”.
Esta preocupación no aplica para los recursos de la línea de crédito flexible que está a punto de renovar el FMI y que el Banco de la República puede usar para cualquier propósito.
“El mecanismo aquí propuesto sería la forma de desembolsar esos u otros recursos al Gobierno, mediante un préstamo directo del Banco al Gobierno”, dice la estrategia.
Ahí además indicaron que el sector financiero debería participar en la irrigación de estos recursos, ya que podrían ser entregados ágilmente a los trabajadores por los mismos canales de pago de la nómina.
El documento indica que subsidiar el empleo es una medida complementaria a las que ya ha tomado el Gobierno, y a otras adicionales que debería tomar para aliviar la situación financiera de las empresas, incluyendo la exoneración de contribuciones laborales de todo tipo en los sectores afectados por la cuarentena y el diferimiento en el pago de impuestos y retenciones en la fuente hasta que se consolide la recuperación.
“La concesión del subsidio al empleo que proponemos tendría como condición que la empresa mantenga el empleo (lo que podría determinarse mediante declaración escrita de la empresa según sus propios registros: la Planilla Integrada de Aportes Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social).
La condición de mantener el empleo podría exigirse también a las empresas de todos los tamaños para acceder a financiamiento en condiciones de mayor cobertura a través del Fondo Nacional de Garantías.
Esto es justificable porque las empresas que mantengan el empleo en condiciones subsidiadas tienen menores riesgos de iliquidez o quiebra, señalan los académicos.
Por otro lado, los expertos argumentas que se requiere un apoyo urgente para evitar que el inminente estrangulamiento de la caja de muchas empresas las lleve a la iliquidez total en cuestión de pocos días, lo cual implicaría la pérdida de muchos empleos formales.
Finalmente señalaron que el proceso de financiamiento se iniciaría con la expedición de un decreto de emergencia económica mediante el cual se impondría a las personas jurídicas o naturales contribuyentes del impuesto de renta la obligación de suscribir un empréstito forzoso.
“Su valor sería definido por el Gobierno en función del costo estimado de las transferencias que se harían a las empresas elegibles siempre y cuando se comprometan a preservar los empleos formales que tenían en la fecha de iniciación de la pandemia”, precisaron.
¿Cuándo se pagaría el préstamo?
La propuesta plantea que en el decreto se podrán establecer los cronogramas de pago del empréstito por los contribuyentes, los cuales contarían con plazos dilatados que solo comenzarían a correr a partir de una fecha preestablecida en función de cuándo la economía retorne a la normalidad.
Así mismo, los académicos señalaron en el documento que los plazos para el reembolso de los recursos por el Gobierno serían también establecidos teniendo en cuenta los efectos negativos de la crisis sobre las finanzas públicas. Sería un préstamo colectivo.