La Ley de Financiamiento, que fue una de las apuestas del gobierno de Iván Duque para financiar parte del presupuesto, terminó sufriendo el peor revés posible en la Corte Constitucional, que este miércoles la declaró inexequible por considerar que su trámite en el Congreso estuvo viciado.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, se impulsó esta ley para solventar el déficit fiscal de 14 billones de pesos que, dijo, el Estado heredó de la administración de Juan Manuel Santos. Con esa medida se garantizaba el recaudo de siete billones.

El abogado y economista José Roberto Acosta es de la tesis de que la determinación de la Corte Constitucional no es tan grave.

Lea también: ¿Por qué están tan caros los precios de los alimentos en Cali?

Acosta enfatizó en que las cuestiones de forma no deben perderse de vista bajo ninguna circunstancia y opina que, de acuerdo con estudios internacionales, el efecto que trae la no aprobación de la Ley de Financiamiento es nulo y que, además, se le hace un favor al gobierno con su determinación.

Desde la propia motivación de la ley, Acosta considera que se le ha dado mayor beneficio a las empresas, haciendo de esta una “ley de desfinanciamiento”, como la considera, pues apunta a que la suma perdonada a las compañías sería superior a lo recaudado, dejando un vacío considerable.

Isidro Hernández, investigador y economista de la Universidad Externado, considera, igual que Acosta, que el hecho de que la Corte haya tumbado la ley tiene un efecto nulo para este año 2019.

Sin embargo, añade Hernández, podrían llegar a verse algunas afectaciones para el año entrante.

“Por el lado del consumidor, de los hogares, se caería el tema del IVA del 9%, lo que favorecería un poco el consumo, lo cual nos lleva al asunto macroeconómico: muchos han dicho, en especial los gremios, que prácticamente habría que cerrar el país, y eso no es cierto. Algunos sectores, desde luego, se van a ver afectados en algún grado en materia de inversión, especialmente algunas empresas que hicieron su inversión en términos de los beneficios tributarios que recibían”, explicó.

Lea además: "Economía global se encuentra ahora en una desaceleración sincronizada": FMI

El concepto de Fedesarrollo

La importancia del tema llevó a que antes de que se conociera el concepto de la Corte Constitucional desde Fedesarrollo se plantearan algunas consideraciones técnicas con las que se concluyó que lo mejor, en términos financieros, era aprobar la ley. El centro de pensamiento, liderado por Luis Fernando Mejía, destacó la importancia de reforma tributaria, hoy declarada inexequible.

“Actualmente Colombia enfrenta grandes retos en materia fiscal. Con la desaceleración económica producto de la caída de los precios del petróleo, los ingresos provenientes del sector minero energético han sido menores a los observados durante el auge de los commodities. En este contexto, el propósito de la Ley de Financiamiento fue incentivar el crecimiento económico principalmente a través de una reducción en la carga impositiva sobre las personas jurídicas”, dijo Fedesarrollo en su análisis.

Vea también: Así es la pelea por las papas fritas que enfrenta a Colombia con Europa

Haciendo énfasis en lo anterior y los elementos que destacan en el proceso de implementación de la Ley de Financiamiento, la conclusión de Fedesarrollo fue que lo más conveniente era haberla declarado exequible.

“Teniendo en cuenta los análisis presentados previamente, estimamos desde Fedesarrollo que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento generaría un efecto negativo adverso en la confianza, la inversión, así como una reducción en el crecimiento económico de 0,8 puntos porcentuales por año. Esta reducción generaría una pérdida de recaudo frente al escenario de exequibilidad de la ley, con el consecuente impacto en términos de la sostenibilidad fiscal y el gasto público. Por tal motivo, solicitamos de manera respetuosa a la Honorable Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de dicha ley”, afirmó el centro de pensamiento antes de que se conociera la decisión oficial del tribunal.