Lo que pasó ayer en la sesión de las comisiones económicas del Congreso fue simplemente la crónica de un hundimiento que ya estaba cantado y que se convierte en un hecho histórico.
El presupuesto general de la Nación para 2025, que pretendía el Gobierno Nacional le fuera aprobado por $523 billones, se hundió (por falta de quorum) y es por eso que ahora saldrá vía decreto presidencial, abriendo la posibilidad de que con ello vengan demandas ante la Corte Constitucional.
“Lo que dice la norma, dado que no se hizo debate en primera vuelta, es que sale por decreto el proyecto radicado inicialmente”, comentó Bonilla.
Pero el representante del Centro Democrático por el Valle, Christian Garcés, dijo que el Gobierno quiso imponer un valor del presupuesto que “era irresponsable con las finanzas de la Nación”.
Y que, además, no explicaron el presupuesto regionalizado, “eso es histórico, siempre se ha explicado cada inversión y es muy grave para la transparencia y la democracia”. Por ello, cree que cuando saquen el decreto del presupuesto, como ya lo confirmó el mismo presidente Gustavo Petro, será demandado “y se caerá en la Corte Constitucional”.
Por su parte, el senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, sostuvo que si efectivamente el presupuesto se decreta sería seguramente declarado ilegal por la Corte Constitucional, razón por la cual se debería adoptar como monto el mismo que se tuvo para el presente año.
Es decir que el presupuesto del 2024 fue de $509 billones, pero se recortaron $20 billones por la reducción en el recaudo de impuestos, lo que llevaría al presupuesto a $489 billones. Es decir, que está en duda cuál será el monto final del presupuesto para el 2025. El Gobierno insiste en que serán $523 billones.
¿Y la reforma tributaria?
Otro interrogante es el futuro de la ley de financiamiento, que buscaba $12 billones para completar el presupuesto.
El exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, dijo que lo que debe seguir ahora es negar el trámite de la reforma tributaria porque “ya no tiene sentido, pues de hecho se cae la necesidad de una ley de financiamiento. Si el presupuesto era irresponsable, la reforma tributaria lo es más”.
El también exministro Juan Camilo Restrepo, comentó que “el Gobierno se empecina en sumar en el monto del presupuesto 2025 peras con manzanas. Peras, los ingresos ciertos; manzanas, los ingresos provenientes de una reforma tributaria que ni siquiera se ha empezado a discutir”. Agregó que el proyecto de ley de financiamiento es una ley autónoma que el Congreso puede o no aprobar, si así lo consideran.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que el presupuesto del 2025 debe salir por $511 billones, sin los $12 billones previstos por el proyecto de reforma tributaria.
“Las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase los $12 billones de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto”, dijo.
Agregó que esto se había advertido en el Congreso. “Seguramente la Corte Constitucional recortará los $12 billones porque no tienen fuente de financiación”, reiteró.