Tras la aprobación del articulado de la reforma a la Salud en la Cámara de Representantes, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el impacto negativo que esta medida podría llegar a generar en el sistema de atención para este derecho fundamental.
La entidad asegura que “la propuesta gubernamental no resuelve los retos actuales del sistema y profundiza la crisis financiera cuya desatención actual amenaza la salud de los colombianos“.
Según reiteró la agremiación, el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó su revisión y reajuste para los años 2021 al 2024.
A esto, se le sumo la implementación de una nueva metodología de cálculo con el propósito de que, para el 2025 en adelante, se pudiera garantizar su suficiencia.
“La Corte evidenció las deficiencias fundamentales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), y subrayó la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población.” explicó la ANDI.
No obstante, teniendo esto en cuenta, afirman que sería “contrario al mandato constitucional de protección del derecho fundamental una sustitución total del sistema de salud sin antes equilibrar financiera y operativamente el mismo”.
También señalan que la reforma propuesta no enfrentaría de manera adecuada los problemas estructurales de financiamiento del sistema de salud.
Además, sostienen que esta norma no garantiza las fuentes claras de las obligaciones a cargo del Estado, lo que profundizaría el desbalance económico del sector.
“Nuestros análisis sobre el impacto fiscal de la reforma evidencian que su implementación generará una carga insostenible para las finanzas públicas.”, asevera la ANDI.
Un estudio técnico publicado a finales del año pasado, demostraría que la reforma no es sostenible con la realidad fiscal del país.
Los datos obtenidos por la Andi arrojaron un déficit de $141,4 billones en los próximos 10 años. Un panorama completamente distinto al obtenido por el Ministerio cuyos cálculos mostraban un superávit de $21,8 billones. Lo que equivaldría a una diferencia de $163 billones.
La diferencia más grande, siendo la encontrada en la senda de gastos de los servicios de mediana y alta complejidad.
“El Gobierno asume un supuesto poco realista en este terreno. Considera que las mejoras en atención primaria modifican casi que inmediatamente la senda de gasto de los servicios de mediana y alta complejidad. Ese supuesto no es coherente ni con el envejecimiento de la población, ni con el cambio tecnológico, ni con la realidad de crecimiento de la UPC de los últimos 15 años.“, se lee en el documento publicado.
Finalmente, instan al Gobierno Nacional y al Congreso a considerar alternativas a esta medida para fortalecer al sistema en el país.