La reforma pensional en Colombia tiene 40 demandas ante la Corte Constitucional. En su mayoría lo que se busca es tumbarla en su totalidad o por lo menos algunos artículos.
Lo que está aprobado entrará en vigencia el 1 de julio de 2025 en el Congreso, pero hay muchos puntos que tienen pensando a los analistas.
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, realizará un foro nacional para analizar el articulado.
Para Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, la atención debe primar en los 14 millones de colombianos que se encuentran en fondos privados o en Colpensiones, pero que actualmente no cotizan.
Esto debido a que de no ingresar a un mercado laboral formal, con aportes sostenibles que les permitan lograr una pensión, podrían unirse a los tres millones de adultos mayores que hoy requieren subsidios.
Para el superintendente financiero, César Ferrari, hay una “falta de universalidad”, ya que quienes no se puedan cambiar de régimen seguirán demandando, que es lo que se busca evitar con la venta de traslados.
Además, añade que un buen sistema de pensiones tiene que garantizar el adecuado nivel de vida de los ciudadanos al llegar a la vejez.
“No podemos tener un sistema que convierta, de la noche a la mañana, a gente que está en clase media en pobres. Y esos son los peligros a la vista”, mencionó.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló otra preocupación debido a la implementación del cambio en el sistema pensional, ya que las personas solo podrán cotizar en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos de su ingreso y el resto deberá ir a los fondos privados, que ahora se denominan Administradoras del Componente de Ahorro Individual, ACAI.