No paran las reacciones desde los diferentes sectores de la economía nacional frente a la propuesta planteada por el Gobierno de la ley de financiamiento o reforma tributaria, que plantea recaudar en 2025 $12 billones que servirán para financiar el presupuesto del próximo año aforado en $523 billones.
En esta oportunidad los centros de investigación económica, Anif y Fedesarrollo, decidieron presentar sus análisis frente a la polémica ley, que según el Gobierno, busca generar estímulos a la reactivación económica, nuevos ingresos tributarios y un ajuste en la regla fiscal.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el proyecto ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional reduce sustancialmente su alcance inicial y contiene elementos positivos que merecen ser discutidos. No obstante los riesgos de financiamiento del presupuesto persisten para el próximo año, con un faltante que, según nuestros cálculos, alcanza los $26,6 billones, los cuales deberían recortarse del actual monto de $523 billones.
“Una vez realizado el recorte en el presupuesto, la reforma tributaria incluye aspectos que consideramos relevantes. Destacamos la reducción gradual del impuesto de renta a las empresas y la introducción de tarifas marginales diferenciales; la eliminación del régimen simple de tributación; y la inclusión del IVA para los juegos de suerte y azar digitales”, sostuvo.
Mejía agregó, que igualmente valoran el aumento del impuesto al carbono, aunque precisó que es necesario analizar con más detalle sus efectos sobre la inflación y la actividad económica.
En cuanto a los inconvenientes que desde el centro de estudios le encuentran a esta propuesta de reforma tributaria, está el de la creación de un espacio adicional para inversiones verdes fuera de la regla fiscal, así como la introducción de nuevos beneficios y exenciones sectoriales que representan un retroceso en los esfuerzos por simplificar y hacer más equitativo el estatuto tributario.
“Queremos hacer énfasis en la importancia de continuar mejorando la eficiencia del gasto y de reducir tanto el déficit fiscal como la deuda pública del país”, subrayó Mejía.
El Director de Fedesarrollo, enfatizó que en términos del tamaño de la economía, esta reforma recaudaría el 0,3% del PIB en 2025, el 0,1% del PIB en 2026, y sería prácticamente neutra a partir de 2027. “Esto resulta positivo, ya que implica que el Gobierno reconoce implícitamente que no hay margen para aumentar sustancialmente la carga tributaria en una economía que apenas está comenzando su fase de recuperación y crece a un ritmo del 1,5%”, dijo.
Agrega que la fuente de recaudo más significativa, cerca de $2 billones anuales, proviene de la introducción del IVA para los juegos de suerte y azar digitales. “Esta medida corrige una importante asimetría entre los juegos de suerte y azar físicos, que ya están gravados con IVA, y los digitales, que hasta ahora han estado excluidos. Dado que los juegos de suerte y azar no forman parte de la canasta básica, la aplicación del IVA en esta categoría no tendría un impacto inflacionario directo, pero sí generaría una fuente importante de recursos. Por lo tanto, compartimos la necesidad de introducir este cambio en el tratamiento tributario de los juegos de suerte y azar digitales”.
La mirada de Anif
José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, considera que la Ley de Financiamiento propuesta no cumple con el propósito de financiar el faltante de $12 billones del Presupuesto General de la Nación de 2025.
La Constitución en su artículo 347 prevé que “si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”, explicó.
Para Anif, la Ley de Financiamiento como una propuesta para la reactivación genera dudas, pues consideran que algunas de las propuestas no están asociadas a mayores ingresos fiscales, sino a medidas de reactivación. La más relevante es la reducción de la tasa de renta de personas jurídicas, segmentada por tamaño de empresa.
“La idea de reducir la tasa de renta de personas jurídicas es bienvenida, pero la propuesta presentada implica una diferenciación de tasas estatutarias por tamaño que resulta inconveniente ya que puede generar una fragmentación artificial de las compañías y desincentivar el crecimiento de empresas cerca a los umbrales que definen las diferentes tasas de tributación”, dijo López.
Agregó que esta propuesta además terminaría teniendo un impacto muy limitado en inversión porque reduce solo en 2 puntos porcentuales, del 35% al 33%, la tasa de renta a las empresas más grandes (con una renta líquida gravables superior a los 5.658 millones de pesos de 2024).
“Si el Gobierno plantea una reducción más ambiciosa de su plan de gasto, se abriría el espacio fiscal para diseñar una senda más decidida de recortes en la tasa de renta de empresas, evitando la segmentación por tamaño y sus indeseados efectos”, concluyó.