A pesar de que el desarrollo de la tecnología ha permitido, de manera importante, que personas informales accedan a un empleo, el cuidado de quienes han hecho parte del transporte público, como los taxis, se ha generado una brecha bastante amplia en cuanto a los costos e ingresos.

La ministra de las TIC, Sandra Urrutia, aseguró que “desde el Gobierno Nacional estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte para encontrar una regulación que favorezca a todas las partes, analizando que hay unos derechos que se deben revisas de las personas que están realizando esta actividad”.

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Si bien no se debe desconocer que la tecnología ha abierto puertas para el crecimiento económico de los colombianos, es necesaria la regulación de las apps dentro de un marco legal para “trabajar como lo han hecho en países como Chile, Argentina, España o México, que ya han reconocido estas apps como un servicio”.

Otro aspecto a mencionar es que las obligaciones legales y el sistema de cupos hacen que la operación de los taxis sea más costosa que la de un carro particular, llegando alrededor del 119% de sobre costo, desde la compra del vehículos hasta aspectos de rutina como la compra del Soat, según un sondeo realizado por La República.

Por ejemplo, para la compra de un taxi, el costo del cupo está entre $70 millones y $85 millones, valor que, hasta la fecha, el Ministerio de Transporte no le exige a ningún vehículo informal para trabajar en la apps.

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La demanda de solicitudes de servicio en los taxis ha bajado considerablemente, “antes de que entraran las apps ilegales, teníamos 150.000 solicitudes y hoy perdimos el 80% de las llamadas”, afirmó Stefanía Hernándes, gerente general de Taxis Libres.