En la tarde de este viernes, 15 de diciembre, se reúne nuevamente la mesa de concertación laboral, con el fin de definir el alza del salario mínimo legal para el año 2024.
Las centrales obreras pidieron un incremento del 18%, que equivale a $208.000, sin embargo, han dejado claro que están dispuestos a negociar. Mientras los analistas dicen que el alza no debería estar por encima del 12 %.
Se espera que hoy los empresarios hagan su propuesta y que al final de la tarde salga una concertación alrededor de este tema. Si no hay definición hoy, las reuniones se extenderían hasta la próxima semana.
Según Carlos Adolfo Prieto, profesor observatorio laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el proceso de negociación del salario se ve afectado por la coyuntura económica, las reformas en curso y decisiones internacionales, como las de la COP-29, acerca de la descarbonización de la economía en un futuro próximo.
”La concertación del reajuste al salario mínimo este año ha estado marcada por ese escenario, lo que hace que sea muy compleja y que merezca la mayor atención y el mayor cuidado por parte tanto del Gobierno Nacional, representantes del Ministerio del Trabajo, como por los gremios y los trabajadores”, afirmó Prieto.
Agregó que “no sería solamente el aumento del salario mínimo, sino también el aumento que se vería en el futuro sobre los costos laborales asociados al trabajo formal”.
Un incremento salarial podría desencadenar un aumento inflacionario, complicando la situación económica del país. Esto dificultaría la meta de llegar a una reactivación en 2024, especialmente considerando las preocupantes cifras de 2023.
Por su parte, Iván Jiménez Uribe, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Laboral, destacó también los factores internos que afectan la negociación. ”El clima está basado entre la desconfianza, la incertidumbre y la cautela.” Jiménez destacó la tensión generada por la simultaneidad de la discusión salarial y la tramitación de la reforma laboral en el Congreso.
Según Jiménez, el salario mínimo se convierte en una barrera para la formalización de empleo, especialmente en un tejido empresarial donde predominan micronegocios y empresas familiares. La tensión se agrava al considerar que casi el 60% de los trabajadores en Colombia están en la informalidad, y un aumento del salario mínimo podría afectar la estabilidad de estos negocios.