Mientras el presidente Iván Duque no para de defender el proyecto de reforma tributaria, en los diferentes escenarios en los que participa, porque considera que “la estabilización de las finanzas públicas es una necesidad imperiosa”, los gremios siguen encontrando reparos.
Este lunes Camacol, asociación que agrupa a los constructores, advirtió sobre “las graves consecuencias” que traería para los hogares este proyecto porque contempla la eliminación de los instrumentos tributarios “que han sido fundamentales” para promover y financiar la compra de vivienda de interés social.
Se trata de la eliminación de la exención de renta y devolución del IVA en las actividades de construcción y financiación de la vivienda social, lo que implicarían un aumento en el costo de estas.
Según estimaciones del gremio, la construcción de nueva vivienda social se reduciría 80 % es decir, que de 130.000 nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a solo 26.000 casas y apartamentos. En el Valle implicaría pasar de producir 23.000 unidades promedio por año, a solo 4.600.
“Esto generaría la pérdida de 75.072 puestos de trabajo directos e indirectos en la región . Una reducción de la demanda de insumos y materiales de construcción de $1,2 billones y una caída de la inversión de los hogares equivalente a $2,2 billones por año. Todo esto, sumado a la baja del recaudo de impuestos municipales en materia predial, delineación urbana e ICA que podría estimarse en $62.000 millones anuales”, comentó Alexandra Cañas, gerente de Camacol en el Valle. Este departamento es el que más vivienda VIS construye.
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Por su parte, el Grupo Multisectorial del Valle del Cauca, integrado por 34 entidades locales, calificó como “inaceptable” un proyecto que afecta a la clase media vulnerable. Por aspectos como el impacto de gravar con renta a las personas naturales con salarios entre $2,5 millones y $4,1 millones mensual, “en un país con uno de los PIB per cápita más bajo del mundo y con una de las tasas de desempleo más altas”.
Tampoco están de acuerdo, entre otros puntos, con la creación de una sobretasa adicional a la gasolina, “el alza en los combustibles incrementa los costos de transporte y logística que son trasladados al producto final, conformado por los bienes producidos e importados”, dijo Gustavo Muñoz, presidente de esta asociación.
Sobre el tema Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, dice que el proyecto de la reforma tributaria no contribuye mucho a construir un sistema más simple y lo que busca es solucionar un problema de recaudo, temporal y coyuntural, “no contribuye a mejorar las finanzas en el largo plazo y lo más seguro es que en 2 o 3 años tenga que hacerse otra reforma”.
El ejecutivo destacó que las diferentes organización que hacen parte del Comité están haciendo el análisis del documento para hacer un pronunciamiento oficial. “Obvio que el proyecto trae unas cosas buenas, en teoría la compensación del IVA es positivo, pero eso no llegará en el corto plazo a todos los hogares vulnerables”, afirmó.
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Como ponentes del proyecto de reforma tributaria fueron designados en el Senado: Efraín Cepeda, Gustavo Bolívar, Edgar Palacio e Iván Marulanda Gómez y coordinadores: Rodrigo Villalba, Richard Aguilar y David Barguil.
Mensaje de urgencia
El presidente Iván Duque envío una carta al Congreso en la que pidió que el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible o reforma tributaria, se tramite con mensaje de urgencia.
En la carta, el Mandatario asegura que “la necesidad de optimizar la política fiscal se ha hecho ineludible e indispensable tras los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia ocasionada por el covid-19, por lo que asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Estado, es fundamental para volver a la senda de crecimiento”.
Incertidumbre
La firma Fitch Ratings aseguró que el proyecto de la reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional es fundamental para el país en la medida en que es parte de la estrategia para estabilizar las finanzas.
Sin embargo, considera que la propuesta realizada por el Gobierno tiene una gran dependencia sobre la renta de las personas naturales y que el impacto final que logre tener dependerá de la modificación que le haga el Congreso de la República en el debate.
“Si la reforma fiscal no se aprueba al final de la actual sesión del Congreso, es decir antes del 20 de junio de este año, sus perspectivas pueden debilitarse dado el acercamiento de las elecciones en 2022”, destaca el informe de la calificadora Fitch.