Durante las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por supuestamente no atender requerimientos en visitas administrativas de inspección que realizó la entidad del Gobierno Nacional.
Las visitas, según la SIC, se dieron con el propósito de recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal.
“En el marco de estas visitas de inspección, la Superintendencia se encuentra facultada para decretar y practicar pruebas y, en general, para recaudar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano”, explica la entidad en un comunicado.
El objetivo del proceso de incumplimiento de instrucciones por las que se dio apertura al pliego de cargos es determinar si a lo largo de la visita administrativa de inspección, los hoy investigados hicieron caso omiso al deber de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, se busca establecer si en algún momento obstruyeron la investigación que adelanta la entidad dirigida por Cielo Rusinque.
“Las conductas omisivas objeto de investigación pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y/o no atender las diligencias programadas por la Superintendencia. Estas conductas pudieron impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades de la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia”, advirtieron.
Además, aseguran que durante las visitas se les explicó a los funcionarios que la entrega de la información requerida y el acceso a equipos electrónicos de la Registraduría son esencial para el desarrollo de las competencias. Simultáneamente, los funcionarios de la Registraduría habrían sido advertidos sobre las consecuencias que tendrían si no cumplían las órdenes.
Y a pesar de que habrían tenido garantías los trabajadores, la SIC resalta que a pesar de que hubo garantías para los trabajadores, la información requerida no fue entregada de forma oportuna.
Por último, cada uno de los nueve funcionarios de la Registraduría, además de la imputación de cargos, podrían recibir una multa de 2.000 salarios mínimos si infringieron de forma directa las normas sobre protección de la competencia.