La presidenta de Corficolombiana, Milena López, aseguró este viernes en Cartagena, durante la realización del Investor Day donde se presentó el balance financiero y operativo del 2024, que Covimar, firma concesionaria del proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, continuará sentado con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en el Tribunal de Arbitramento para buscar alguna salida a la construcción de obra.
La Ejecutiva recordó que en este proyecto “se demoraron tanto tiempo las consultas previas y la gestión de las licencias ambientales, que habían pasado casi siete años desde la fecha en que se suponía tenían que estar listas las obras, un proyecto con una distancia relativamente corta pero muy compleja”.
La semana anterior el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, puso la lupa en el contrato, que fue adjudicado al concesionario Covimar en el año 2014 y cuya acta de inició se firmó en 2015, alertando sobre el riesgo para la Nación de una terminación anticipada al contrato.
La presidenta de Corficolombiana dijo que Covimar insistirá en la conversación entre las partes para que se llegue a un acuerdo final, ya sea para la liquidación del contrato o para que el Gobierno haga la adición presupuestal que se necesita para continuar la obra.
López dijo que en el escenario de la liquidación anticipada, deberán remunerarse al concesionario los costos en los que se ha incurrido. “Para llevar a cabo esta obra se han hecho inversiones en consultas previas, licencias ambientales, diseños y se compraron varios predios, lo que debe ser reconocido”.
Indicó que hay “unas cláusulas en las que se determina en cada caso cómo se indexan; se usa una tasa de descuentos si es imputable al concesionario, a la ANI o a ninguna de las partes. Eso marca la cancha para la terminación anticipada del contrato. Hace parte de la discusión sobre la mesa en este momento”.
López hizo énfasis en que en cualquiera de los casos para Corficolombiana significa la devolución de los recursos o que se entreguen los que se necesitan para continuar las obras.
Desde el Valle del Cauca se ha hecho un llamado al Gobierno para que examine las alternativas financieras que tiene la Nación, que ha dicho que no tiene recursos adicionales. Pero desde la región han planteado opciones, teniendo en cuenta que para final de año la fiducia de este proyecto contará con más de $2 billones con lo que es factible arrancar la construcción.
Algunos congresistas plantean que se podrían usar vigencias futuras para garantizar los recursos que pide el concesionario o hacer una extensión de los años de concesión.