Por: Luis Felipe Gómez Restrepo, especial para El País*
El Gobierno está preparando un proyecto de ley para hacer una reforma integral de la Ley 30, que rige la educación superior en el país. Y ha invitado a que haya propuestas desde la sociedad civil. Presento 14 sugerencias.
Primera
Esta reforma debe ser el resultado de un gran consenso de todos los actores del sistema de educación superior, en diálogo con la sociedad y el sector productivo. No puede ser el resultado de una imposición unilateral. Sería gravísimo.
Segunda
El énfasis de la educación como derecho fundamental y no meramente como un servicio público es muy importante. Debe tener, como lo consagró el Plan Nacional de Desarrollo, un proceso gradual de consolidación. Y no dejar de lado el hecho que es un servicio público y que debe ser protegido, fomentado y regulado por el Estado.
Tercera
Reconocer y aceptar el hecho de que el sistema de educación superior en el país es un sector mixto. Que tanto los oficiales como privados convergen para hacer una realidad ese derecho a través de la prestación de un excelente servicio público. Esto tiene que ver con la democracia del país en términos de la importancia de la formación en el pluralismo. Tiene que ver con el derecho a la libertad de educación en la cual las personas puedan libremente escoger dónde estudiar.
De otra parte, se debe dar instrumentos al Estado para acabar con las universidades que tienen fines de lucro, aunque se disfrazan de sin ánimo de lucro para “cumplir” la ley.
Cuarta
Es fundamental asegurar la buena financiación de las universidades oficiales, que tienen un rol fundamental en el sistema. Y que pueden hacer presencia en muchos lugares donde otros no lo pueden hacer. Pero también hay que asegurar la financiación de la demanda, es decir, otorgando a todos los ciudadanos la posibilidad de escoger dónde hacerlo a través de un bono educativo igual al costo en las universidades oficiales y con los cuales podrían acceder a la educación privada y complementando si es necesario. Quitarles las cargas impositivas a las instituciones sin ánimo de lucro como impuestos predial, IVA e industria y comercio, lo mismo que dando exención de aranceles, para, así, fomentar los fondos de becas.
Quinta
La institucionalidad oficial debe diferenciar muy claramente el fomento y el control-vigilancia. Debe crearse la Superintendencia de Educación Superior, específica para este sub-sector. Y dejar el trabajo de fomento al Ministerio de Educación. La Superintendencia debe aprender de la excelencia que ha tenido la Superfinanciera, es decir, una entidad totalmente técnica y profesional. No política.
Sexta
El control, la inspección y vigilancia, debe ser mucho más sencillo para las instituciones que tienen acreditación institucional. Entre mayor acreditación, menor control y vigilancia. Hay que tener confianza con las instituciones que se han sometido a los procesos de autoevaluación y acreditación externos.
Jairo Torres Oviedo, presidente del SUEEl Gobierno ha tomado la decisión de radicar la reforma a la Ley 30 o Ley de Educación el próximo 20 de julio; en consecuencia, desde el SUE (Sistema Universitario Estatal) apoyaremos esa radicación
Séptima
Abrir las compuertas para la innovación en la generación de programas de pregrado y posgrado, sacándolos de los filtros anquilosados e inflexibles del Conaces. Hay que dar libertad para que las universidades en ejercicio de la autonomía universitaria puedan ofrecer programas sin tener que pedir permiso. Igualmente, para las reformas curriculares. Hay que permitir que el sistema pueda innovar y responder a las necesidades con mayor velocidad y flexibilidad.
Octava
El CNA, Consejo Nacional de Acreditación, debe tener mayor autonomía del Ministerio. Y actuar por sí. Y se deben aceptar las acreditaciones serias internacionales homologándolas a las nacionales. No es claro que las instituciones que han optado por estándares más rigurosos se vean en la necesidad de tener varios procesos de acreditación en paralelo. Y reglamentar que exijan unos estándares más severos para el Gobierno Corporativo de las Universidades, en este tema debemos crecer mucho, hay todavía muchas debilidades y fragilidades estructurales en las universidades.
Novena
El Cesu, Consejo Nacional de Educación Superior, debe tener mayor autonomía del Estado, y tener presencia de otros actores nacionales, para abrir y airear más la política pública en educación superior. Además, no debería ser tan endogámica del mismo sector. La educación debe estar en diálogo con el país.
Décima
La participación de los actores como profesores, estudiantes y egresados, debe ser muy real y que se cuente con procesos participativos para su selección y que entre todos ellos se asegure el 50 % de los miembros de los consejos superiores o directivos, para asegurar que su voz sea efectivamente decisiva. Y exigir que hay una parte también importante de integrantes del sector productivo e institucional fuera de la universidad. La endogamia le hace mucho daño a las universidades.
Once
La investigación debe ser apoyada por el Estado y hay que determinar con fuerza la prioridad de las universidades para recibir el apoyo estatal y favorecer la inversión de la empresa privada en proyectos investigativos a través de exenciones tributarias. Hay que integrar más al sector productivo a las universidades.
Se destinarán durante el cuatrienio 2023-2026 cerca de $9,2 billones adicionales para fortalecer la educación superior pública.
Doce
La Autonomía Universitaria debe ser considerada y mantenida amplia, sin tantas restricciones que impida que la búsqueda de la verdad quede atrapada en legalismos, o peor, en ideologías de piñón fijo. Es vital que no se reduzca el ámbito, alcance y elementos esenciales de su autonomía.
Trece
Es necesaria una regulación de choque transitoria, para que el Ministerio de Educación se ponga al día en toda la cantidad de procesos que tiene acumulados. Ello necesitaría más personas y facilitar los trámites, por lo menos, para ponerse al día. Esta es una urgencia que todo el sector le ha reclamado a los últimos ministros de educación desde la época de María Fernanda Ocampo y que poco se ha logrado en la práctica hasta nuestros días.
Catorce
Una de las formas más contundentes de concertación de la política y su implementación es el diálogo. Por ello, es básico que en la nueva ley quede claro este mecanismo y que se reconozcan las distintas organizaciones de orden nacional, pero también las territoriales que existen en el sector universitario. Entidades como Cidesco, en el suroccidente del país, deben tener una interlocución directa y rápida con el Ministerio. Ello permitiría una mayor eficiencia en el sector.
*Exrector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y Sacerdote Jesuita.