El asesinato de Orley García, candidato a la Alcaldía de Toledo, Antioquia, por el Centro Democrático, vuelve a poner sobre la mesa el incremento del fenómeno de violencia política que está atravesando el país, pues la semana pasada también le quitaron la vida a la aspirante a Alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García y a cinco personas que la acompañaban en zona rural de esa localidad.

Orley García falleció el sábado pasado cuando era trasladado vía aérea a Medellín para ser atendido luego de haber recibido un disparo de escopeta en la vereda Morales Toro, en el norte de Antioquia. Las primeras versiones indican que el atentado lo habrían ejecutado desde una la zona boscosa de este territorio.

Las autoridades no han confirmado los móviles detrás del crimen. Sin embargo, se ha advertido que en esta subregión del norte de Antioquia delinquen disidencias de las Farc al mando de alias Cabuyo, además del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, quienes buscan el control del territorio para mantener las rutas del narcotráfico.

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Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no había indicios en Toledo, Antioquia, de que “se pudiera generar algún riesgo extraordinario a los candidatos. Y si bien hay un antecedentes, eso hace parte de la investigación de los hechos”.

La Gobernación de Antioquia ofreció este domingo $30 millones de recompensa por información que entregue la ciudadanía y que lleve a la captura de los homicidas del candidato del Centro Democrático.

Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, no hay duda de que lo que está sucediendo se parece a la grave situación de los años Ochenta y Noventa cuando se exterminó la Unión Patriótica, pero con la diferencia de que ahora no se afecta a un solo partido sino a todos los que están en competencia política y representan una amenaza para grupos armados ilegales.

En promedio, cada 36 horas en el país ocurre un hecho violento en contra de algún candidato a las elecciones. En las últimas cinco semanas las acciones violentas se han aumentado, teniendo como blanco los partidos de La U, Cambio Radical y Liberal.

Horas antes de que fuera asesinado Orley García, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, había advertido que la ola de violencia política que está atravesando el país es un reflejo de la expansión de los cultivos de uso ilícito en Colombia en los últimos años.

Según el mandatario, el narcotráfico es el combustible de grupos de los que hacen parte ‘Márquez’, ‘Santrich’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’, ‘Jhon 40’, ‘Iván Mordisco’, ‘el Loco Iván’ y ‘Mayimbú’, quien supuestamente atentó contra Karina García en Suárez, Cauca.

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La Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre esta situación y ha dicho que en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño podrían seguir presentándose este tipo de hechos violentos, esto debido al fortalecimiento de grupos armados ilegales en estas zonas para controlar los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.

La entidad ha propuesto crear un mecanismo llamado ‘la Carpa Blanca’, donde estén los actores involucrados en el ejercicio de la política como el Congreso de la República, las organizaciones indígenas como ACIN y Cric; los alcaldes, gobernadores, Naciones Unidas, la Misión de Verificación del proceso de Paz, la Procuraduría, y la Fiscalía.