Aduciendo ‘un error involuntario de transcripción’, la Procuraduría General de la Nación rectificó la respuesta dada a un derecho de petición hecho por El País sobre el número de procesos disciplinarios que se adelantan contra el exalcalde Jorge Iván Ospina.

La solicitud se había realizado a finales del 2018 y la respuesta fue recibida el 21 de diciembre de ese año, en un documento que detallaba que contra Ospina cursan 69 procesos activos (listado que anexaron en la respuesta) y 4 investigaciones inactivas.

Llama la atención, según un documento publicado en redes por el mismo candidato hace tres semanas, que tanto su campaña como la Procuraduría tuvieron conocimiento del error desde el mes de febrero pasado y ambos guardaron silencio. Solo se notificó a El País hace unos días, tras una visita de funcionarios del ente de investigación.

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No obstante, asegura el titular del Grupo de Administración, Soporte y Análisis del Sistema de Información de la Procuraduría que el 14 de marzo, más de un mes después de conocerse el supuesto error, se envió un “oficio de rectificación” a este diario a través de un sistema automático de correspondencia, que nunca fue recibido.

Lo que señala ese documento, como explicación a lo sucedido, es que “como hemos manifestado anteriormente, en el oficio se cometió un error involuntario de transcripción de las cifras totales de procesos activos e inactivos” y que en realidad contra Ospina había 4 casos activos y 69 inactivos, para un total de 73.

A la espera de que la Procuraduría revisara su base de datos y enviara el estado actual de los procesos en contra de Jorge Iván Ospina para aclarar la situación, el pasado lunes se recibió un documento que señala que contra el candidato a la Alcaldía de Cali solo hay un proceso en etapa de investigación.

El documento que publicó la campaña de Ospina el mes pasado detallaba que para febrero 18 el exalcalde tenía 8 procesos disciplinarios pendientes ante la Procuraduría General. Significa eso que en el último semestre, según la carta recibida hace tres días, los cerró todos el procurador general Fernando Carrillo.

A través de sus redes sociales, el también candidato Michel Maya rechazó la manera “como se burlan de nosotros” y aclaró que no es cierto que a Ospina le cerraran los procesos en Procuraduría porque sea inocente o por falta de pruebas.

“Hemos visto a Jorge Iván Ospina celebrando la prescripción de sus procesos porque la institucionalidad no opera. No celebrando que lo hayan declarado inocente, no. Celebrando que la Procuraduría no hizo la tarea”, explicó el candidato Maya.

De acuerdo con los documentos enviados por la Procuraduría, contra Ospina solo hubo 5 fallos absolutorios, 3 inhibitorios, 2 nunca se aperturaron, tuvo 3 sanciones y el resto sencillamente se archivaron.
El único proceso

El proceso pendiente que le queda al exalcalde Ospina ante la Procuraduría tiene que ver con un supuesto detrimento patrimonial millonario tras un acuerdo en su gobierno con el que habría beneficiado a los dueños del centro comercial Jardín Plaza.

Según los documentos, cuyas copias están en manos de El País, Ospina sancionó el Acuerdo Municipal 0308 autorizando a los propietarios de este centro comercial para tomarse 26.235 metros cuadrados de zonas verdes del Municipio para ampliar la tienda y los parqueaderos.
En contraprestación, le entregarían al Municipio un lote en El Ingenio que, según la administración Ospina, tenía 25.528 metros y con el dinero del terreno faltante, unos $1400 millones, se construiría un parque recreacional.

Lo que señalan los documentos es que el metro cuadrado de tierra en Jardín Plaza costaba $1.500.000 en el 2010, mientras en El Ingenio tenía un avalúo de $350.000 y aún así el Concejo autorizó la negociación que podría haber dejado un detrimento al Municipio de $30.000 millones.
Pero la cifra podría ser superior porque un certificado de tradición adjunto señala que el lote de El Ingenio que recibió el Municipio no era de 25.528 metros cuadrados, como dijo la administración de Ospina al Concejo en su momento, sino de 18.704.

Otro elemento que llama la atención en los documentos es que el proyecto indicaba que el lote de El Ingenio costaba $9025 millones, pero dos días después de realizado el acuerdo con el Municipio los dueños de Jardín Plaza fueron a pagar los impuestos del lote para dejarlo todo al día y liquidaron el valor a pagar sobre un terreno cuyo avalúo era solo de $1843 millones.

La queja por este proceso contra el actual candidato a la Alcaldía de Cali fue presentada ante la Procuraduría el pasado 18 de septiembre.

Los pendientes ante la Fiscalía

  • La situación más compleja para Jorge Iván Ospina es la que enfrenta ante la Fiscalía, donde tiene cuatro procesos, según el Spoa.
  • Dos de ellas son investigaciones por contratos sin el lleno de requisitos legales, ambas en la Fiscalía 1 Especializada de Bogotá. Por uno de ellos le imputaron cargos el pasado mes de mayo.
  • Las otras dos investigaciones, del 2011 y 2012, son por el presunto delito de prevaricato por acción, que cursan en la Fiscalía 100 y la 76 de Cali. Uno de ellos por la presunta pérdida de recursos en la remodelación del Estadio Pascual Guerrero, que costaría cerca de $26.000 millones y al final se invirtieron más de $110.000 y aún así no terminaron el escenario.

Guzmán fue quien archivó los procesos más delicados

Información remitida a El País por parte de la propia Procuraduría General da cuenta de que buena parte de los procesos más delicados que había contra Ospina fueron archivados por el exprocurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública Rafael Guzmán Navarro.

De los siete casos que estuvieron en su despacho, entre ellos los de las megaobras, que no se construyeron todas las que se cobraron, o los más de $44.000 millones gastados en los guardas cívicos, el procurador Guzmán Navarro decidió inhibirse de iniciar una acción disciplinaria y ordenó archivar los procesos.

Guzmán Navarro fue el mismo que protagonizó en el 2013 un escándalo por hechos que involucrarían supuestos faltas por cobros de coimas para el archivo de procesos y presunto enriquecimiento ilícito.

Para entonces fue el excongresista Rubiel Orlando Espinosa quien denunció maniobras ilegales por parte del procurador delegado para tratar de revocar un fallo en el que otro funcionario destituyó del cargo e inhabilitó por quince años al exalcalde de Ibagué Jesús María Botero.

Una investigación de Noticias Caracol, en septiembre del 2015, reveló el aumento inusitado del patrimonio de Guzmán Navarro, quien adquirió una casa en el exclusivo sector de Don Simón, en Bogotá, avaluada en más de $1600 millones, que no podría comprar con su salario.

Al tiempo, compró dos apartamentos más de alto valor, mientras era señalado e investigado por la Fiscalía de direccionar procesos y del supuesto delito de concusión, o cobrar dinero por archivar sus casos o incidir en otras decisiones.