"Vamos a insistir para que el Gobierno amplíe más subsidios a la nómina": Acopi

La presidenta de Acopi --el gremio que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país--, Rosmery Quintero Castro, dice que sin el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, FNG, la situación de esas compañías sería peor y destacó que en las últimas dos semanas el apoyo ha fluido mejor.

Sin embargo, sostiene que aún falta un poco de más agilidad en el trámite de las solicitudes de las Mipymes.

A mediados de esta semana, el Gobierno decidió incluir a las empresas que se crean en cabeza de personas naturales en el decreto que otorga un subsidio del 40% del salario mínimo a los empleados. La medida solo cobijaba a las personas jurídicas (empresas), pero con la modificación quedarán incluidas las Mipymes, por ello insistirá al Gobierno para que siga ampliando el subsidio. Sobre el presente y futuro de estas organizaciones así habló la señora Quintero Castro.

Dentro de los ajustes anunciados todo indica que el decreto tendrá como base el subsidio a las empresas jurídicas, como se había anunciado, y se incluirían solamente a las de personas naturales que generen tres empleos en adelante.

Sí, vamos a insistir en que se amplíen los subsidios a las nóminas porque el rezago y la iliquidez de las empresas se notará mucho más después de la pandemia.

Tenemos unos indicadores de desempleo críticos y será muy complejo generar nuevos trabajos en caso de que la situación por el Covid-19 se deteriore más. Por eso la exclusión no es la mejor decisión en este momento.

En esa categoría hay un cúmulo de personas independientes que están hoy enfrentando dificultades y sin posibilidad de acudir a un subsidio.
El tejido empresarial colombiano es de 1,6 millones de empresas y con el subsidio se están atendiendo a 550.000, pero se están dejando a un millón de compañías por fuera.

El 90% de esas firmas son microempresas formales de las cuales depende el sustento de una familia. Hay que salvarlas.

Sale más fácil y económico salvar esas nóminas, ya que ese tipo de empresas cumplen con todos los requisitos como Registro Mercantil y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, Pila.

Somos conscientes de que por la estructura del país en materia de créditos muchas Mipymes no tendrán acceso a esos préstamos.
Pero como le digo, ese rezago y la iliquidez de las compañías se evidenciará mucho más luego de la pandemia, por eso vamos a insistir en que se amplíen los subsidios a las nóminas.

Con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) ese proceso ha sido más ágil en las últimas dos semanas.

Al principio el sistema bancario tuvo que adaptar nuevas tecnologías, toda vez que el 85% de los empleados de ese sector está en teletrabajo, además por prevención en sus plataformas frente al tema de los hurtos digitales.

Pero es claro que sin esas garantías del FNG la situación sería peor, aunque aún falta más agilidad en el trámite de las solicitudes.

Creo que en adelante el país necesitará muchas más reformas al igual que una mejor regulación bancaria centrada en los clientes para agilizar muchos de los procesos de crédito.

Esa es una opción, pero no hay que verla con terror. Por eso se requiere de un ajuste en la ley de insolvencia para que sean procesos más rápidos teniendo en cuenta la actual crisis por la pandemia.

Siempre he dicho que los gerentes tienen diferentes caminos que tomar, y deben combinarlos para salvar una empresa.

La insolvencia muchas veces nos asusta, pero eso lo que permite es una mayor tranquilidad para adelantar negociaciones con los acreedores.

Tenemos empresas de personas naturales y jurídicas y todas cumplen con los requisitos como empresas formales.

Y como le digo, además de tener Registro Mercantil, todas esas empresas pagan aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, Pila.

Estamos organizando desde Acopi reuniones con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), porque cumplir con esos protocolos a las microempresas les quedará difícil asumir esos sobrecostos.

Por eso la reactivación de ese grupo ha sido más lenta y hasta la semana pasada iban apenas 18.000 empresas. Yo me pregunto dónde está el resto de firmas frente al universo de empresas jurídicas y de personas naturales que hay en el país.

O las que cerraron de pronto no han actualizado su actividad ante las alcaldías y los protocolos a cumplir.

Lamentablemente tendrán que asumir esos costos porque las sanciones son altas y creo que por ese motivo muchas de las microempresas no reabrirán por ahora a la espera de que todo finalice, además, porque la demanda aún no ha despegado del todo y la logística y las materias primas ahora están más costosas.

En términos generales lo que nosotros sentimos es que la reactivación está siendo lenta y eso depende de la proactividad de muchos alcaldes.
Recordemos que algunos no permitieron que a partir del 27 de abril se produjera esa reactivación de los negocios.

Hay una mala interpretación de las normas del Gobierno Nacional pues fue una tarea de varios ministerios que trabajaron con el Minsalud, que es el que finalmente aprueba la reapertura de la actividad económica.

Los alcaldes deben socializar esas medidas, de pronto con un programa local de acompañamiento. Y una vez los empresarios estén activos los gobiernos locales deberán validar si están cumpliendo o no con los protocolos de bioseguridad

En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa se basa en que la ciudad es muy atípica y la más grande del país.

Ella ha creado un esquema para un sector como el de la construcción y hace poco una líder del sector me dijo que deben atender (lo que disponga) una Secretaría de Hábitat, que es muy fuerte y con la posibilidad de intervenir de una manera profunda en este y ciertos sectores.

Este el caso de Bogotá, pero no es el mismo en todas las alcaldías.