La Fiscalía acusó formalmente a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Alcibíades Vargas y Joel Darío Trejos; y al exmagistrado de esa misma corporación, Fausto Rubén Díaz por favorecer grupos criminales.

El material de prueba da cuenta, según la Fiscalía, que estas tres personas habrían emitido 16 decisiones contrarias a la ley y otorgaron indebidamente beneficios como prisión domiciliaria y suspensión de la ejecución de la pena a integrantes de redes delincuenciales y de organizaciones criminales condenados por delitos como: concierto para delinquir agravado, homicidio, hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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Estos hechos se presentaron, de acuerdo con la Fiscalía, entre 2015 y 2019 y sus actuaciones desconocieron múltiples normas penales y jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.

El delito por el que estos magistrados fueron acusados es el de prevaricato por acción agravado.