Tras un año de discusión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel en retiro argumentando que no hay pruebas que lo relacionen con las desapariciones.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel en retiro del Ejército Alfonso Plazas Vega, quien había sido condenado a 30 años de prisión por la desaparición de dos personas en el proceso de recuperación del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Lea también: Plazas Vega dice que víctimas del Palacio de Justicia fueron asesinadas por el M-19

Tras un año de discusión, la Sala aprobó la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, que reconoce que hubo personas desaparecidas tras los hechos del Palacio de Justicia, pero no hay pruebas que relacionen al coronel con las mismas. 

En este sentido, la Corte ordenó la libertad inmediata de Plazas Vega, quien lleva ocho años y unos meses detenido en la Escuela de Infantería en el Cantón Norte en Bogotá Plazas Vega había sido condenado por la desaparición del administrador de la Cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera y de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda. En este proceso no se tuvo en cuenta los recientes hallazgos de la Fiscalía General de la Nación de restos humanos de personas que aparecían como desaparecidos en los hechos del Palacio: Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo. Lea también: los perfiles de los dos desaparecidos por los que fue condenado Plazas Vega.Plazas Vega fue condenado en primera instancia el 9 de junio de 2010 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá por la desaparición de 12 personas. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2012, pero por la desaparición forzada de dos personas. Lea también: "Corte Suprema tomó una decisión ajustada a la realidad", dice el coronel (r) Plazas Vega

En este caso, tanto la defensa de Plazas como la Procuraduría General habían insistido en que dichos fallos habían incurrido en yerros como que el delito de desaparición forzada por el que fue condenado, no estaba tipificado en el ordenamiento jurídico colombiano para la época de los hechos. Igualmente, se criticó que la sentencia del Tribunal haya compulsado copias a la Corte Penal Internacional para que investigue al expresidente Belisario Betancur, dado que Colombia suscribió el Estatuto de Roma hasta el año 2002; o bien, que se haya ordenado una ceremonia de excusas públicas a las Fuerzas Militares cuando el procesado es únicamente el coronel Plazas. Lea también: Plazas Vega, el militar que también es historiador y administradorLa ponencia del magistrado Salazar apuntaba a que si bien hubo desparecidos en la recuperación del Palacio de Justicia, no le cabe responsabilidad directa al oficial en estos hechos, por ausencia de pruebas suficientes. En este caso, la defensa de Plazas Vega ha indicado que no hay desparecidos sino cuerpos sin identificar enterrados como NN. 

[[nid:479504;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/11/palacio-justicia-home.jpg;full;{Muchos colombianos nacidos en las últimas tres décadas no terminan de entender la fecha trágica que hoy conmemora Colombia. El País se las explica 'con plastilina'.}]]

Juez que condenó a Plazas Vega busca protección 

La juez María Estela Jara, quien tomó la decisión de condenar en primera instancia al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, dijo que presentará una tutela ante la Corte Suprema de Justicia por los seguimientos a los que ha sido víctima desde que profirió el fallo contra el oficial. 

Según la juez, cuando tomó la decisión en 2010 se tuvo que exiliar a Alemania con el apoyo de la Asociación de jueces de ese país, por las supuestas amenazas y seguimientos en su contra. En la tutela, la togada busca la protección de sus derechos fundamentales, al trabajo, salud, vida digna, seguridad social, debido proceso y a la tranquilidad. En el documento que la juez presentará ante la Corte Suprema de Justicia señala: "Me sentí castigada por cumplir con mi deber". Según la funcionaria las amenazas consistieron en el seguimiento por parte de personas extrañas, que se movilizaban en camionetas con vidrios polarizados, cuando se desempeñaba como juez especializada penal del circuito.